* Mineros de Colquiri piden la abrogación del D.S. 4783
Fundación Jubileo
Todo indica que empezamos a raspar la olla. Los recursos disponibles para aplicarlos en diversos bonos, proyectos y empresas del Estado son, cada vez, más escasos. Ésta es la razón principal del decreto de marras. Aunque hay ciertas particularidades que se destacarán en este análisis.
COMIBOL, YPFB y otras empresas estratégicas han estado financiando el bono Juancito Pinto, desde su instauración. No hubo protestas en todos estos años por las transferencias que se efectuaron. ¿Qué diferencias hay entre la situación actual y la precedente para que hoy se bloquee una carretera exigiendo la anulación del decreto?
El decreto cuestionado obliga a las empresas estratégicas a entregar parte de sus excedentes al gobierno para que éste los use en otras áreas de la administración estatal. Da al organismo creado con la ley de la empresa pública, COSEEP, la responsabilidad de definir qué parte de esas utilidades serán retiradas de las empresas para ser manejadas por el aparato de la administración central.
Durante los 33 años que estuvo plenamente vigente la COMIBOL, esta corporación transfirió todos sus excedentes a la administración central del Estado y fue obligada a comprar insumos a emprendimientos nacionales, aunque los precios de los importados fuesen más baratos, entre otras donaciones que tuvo que efectuar. Los técnicos, con regularidad se quejaban de la poca posibilidad que tenían de reinvertir los excedentes en la actualización y sostenibilidad de sus empresas.
Quizás por esto, cuando la COMIBOL recuperó sus competencias productivas, el año 2007, sus empresas decidieron administrar sus excedentes por su cuenta; así lo hizo Huanuni y más tarde Colquiri y Corocoro cuando pasaron a ser empresas estratégicas. Ninguna cedió ni un dólar a la entidad matriz, COMIBOL; por esto se repitió incesantemente, que a la COMIBOL le convenía entregar sus empresas a socios privados ya que éstos le pagaban lo pactado con cierta regularidad. Los aportes de COMIBOL al bono Juancito Pinto salían de los aportes de las empresas privadas socias y de sus empresas administradas por ella, Huanuni, Vinto y Colquiri.
Huanuni, Vinto, Corocoro, Colquiri han hecho inversiones importantes con los excedentes logrados; también ha habido una generosa distribución de parte de ellos entre los trabajadores. Colquiri está construyendo un nuevo ingenio para aumentar su capacidad de tratamiento de su producción y, además, decidió invertir en la construcción de una planta para procesar sus minerales de zinc y generar una buena cantidad de excedentes. Estos propósitos podrían quedar en el camino.
Dos puntos más deben entrar en el análisis. ¿Qué empresas estratégicas generan utilidades como para financiar los bonos y otros proyectos gubernamentales? ¿Qué monto espera recaudar el gobierno con esta medida?
Es evidente que debe haber una fiscalización del uso de los excedentes generados por las empresas productivas y que esas utilidades deben ser compartidas por todos los bolivianos. Para este fin, el Estado tiene dos mecanismos en el sector minero: los impuestos y las regalías. Cabe recalcar que los impuestos que paga el sector minero, sobre utilidades, es mayor que el que pagan otras empresas productivas, por los precios altos de los minerales. Exigir una transferencia de parte de los excedentes al TGN es hablar de otro impuesto y es extraño que se acuda a este expediente (como en los años en que gobernaban el país una seguidilla de gobiernos militares) cuando es claro que hay otras opciones más rentables y que no vulneran normas.
Los informes de los últimos años han mostrado que son muy pocas las empresas del Estado con utilidades significativas; el año 2021 y la primera mitad del 2022 han sido periodos extraordinarios en el comportamiento de los precios de los metales en el mercado internacional; pero esto ha terminado. Los años anteriores, con precios similares a los actuales, las empresas mineras de COMIBOL no reportaron utilidades. Por la caída de las cotizaciones a partir de medio año del 2022, todo hace prever que las utilidades de las empresas de COMIBOL no serán tan grandes como las del año precedente. Colquiri ha debido planificar ya el destino de sus excedentes para mejorar sus condiciones de trabajo. La medida inconsulta, por tanto, genera la reacción que sufre la ciudadanía que debe desplazarse entre Oruro y La Paz.
¿Por qué se deja que las cooperativas auríferas se apropien de 2570 millones de dólares y dejen al Estado la ínfima suma de 58 millones? Si esas organizaciones hubieran pagado la regalía que correspondía, los impuestos que están establecidos (25% sobre utilidades si permanecen como cooperativas o 37.5% si se asocian a empresas privadas) y se hubiera eliminado el beneficio de la subvención al combustible para estas operaciones; el Estado habría recibido entre 700 y mil millones de dólares más. Eso sería distribuir los excedentes entre todos los bolivianos.
Los mineros de Colquiri son parte de las bases que apoyan al gobierno. Este tipo de enfrentamientos no se lo veía desde hace varios años. Están faltando recursos para continuar con la política de antaño.
