Potosí. Kollasuyo Digital

Lo que comenzó como una promesa de soberanía y desarrollo industrial se ha transformado en un conflicto político, técnico y social, en el que convergen expectativas incumplidas, nuevas tecnologías y reclamos regionales.

Un proyecto con más promesas que avances

Fue en abril de 2008 cuando el entonces presidente Evo Morales planteó por primera vez la industrialización del litio. La visión era clara: el Estado boliviano debía controlar toda la cadena, desde la extracción hasta la exportación. En 2018, después de años de planificación, se inició la construcción de una planta piloto en Llipi, Potosí, que debía estar concluida en 2020. Sin embargo, su entrega recién se concretó en diciembre de 2023, con una década de retraso.

Pero la inauguración no trajo consigo soluciones. En abril de 2024, Karla Calderón, presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), denunció que 18 piscinas de evaporación de la planta estaban inutilizables por fallas de diseño e infraestructura, lo que comprometía la producción de materia prima. La ilusión de una industrialización bajo control estatal comenzaba a desmoronarse.

La apuesta por la tecnología EDL

Ante estos tropiezos, el Gobierno de Luis Arce giró su estrategia. Apostó por la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), un método que promete optimizar el tiempo de obtención del carbonato de litio y minimizar el impacto ambiental. La EDL no requiere grandes piscinas de evaporación y puede recuperar más litio con menos uso de agua, lo que resulta especialmente atractivo en zonas áridas como el altiplano.

En septiembre de 2024, YLB firmó un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para implementar una planta con capacidad de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio usando esta tecnología. En noviembre, firmó otro contrato con la compañía china Hong Kong CBC, que contempla la construcción de dos plantas de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares.

Aunque ambos contratos ya fueron firmados por YLB, su ejecución depende de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que ha generado intensos debates políticos y sociales.

Resistencias desde Potosí y trabas judiciales

En Potosí, epicentro de las reservas de litio, la reacción ha sido de rechazo. La región exige una mayor participación en los beneficios de la industrialización. Actualmente, los contratos solo contemplan un 3% de regalías para el departamento, lo que ha provocado movilizaciones y cuestionamientos desde instituciones cívicas y parlamentarias.

Además del tema económico, los sectores críticos advierten sobre la falta de transferencia tecnológica real, el elevado endeudamiento que implican las inversiones y la ausencia de consulta previa a las comunidades originarias, como exige la normativa nacional e internacional.

En ese contexto, un juzgado de Potosí dictó el 27 de mayo una medida cautelar que ordenó suspender el tratamiento legislativo de ambos contratos y prohibió a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos ejecutar cualquier acción administrativa relacionada. Sin embargo, el 7 de junio, la diputada Lissa Claros denunció que dicha medida fue sorpresivamente levantada, habilitando nuevamente su discusión en la ALP.

Una discusión política en un escenario legal incierto

La tensión llegó a un nuevo nivel el 3 de julio, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, incluyó en agenda el tratamiento del contrato con Hong Kong CBC, a pesar de las advertencias de la oposición y de actores cívicos de Potosí. Claros recordó que existe una acción popular pendiente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que cualquier aprobación legislativa antes del fallo definitivo podría ser considerada ilegal.

“Si se revoca el fallo (que levantó la medida cautelar) y la Justicia determina que no se pueden tratar estos contratos, todo lo que se avance en la Cámara de Diputados podría quedar sin efecto”, advirtió.

Desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se insiste en que no se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades indígenas que habitan en la región del salar de Uyuni y se expresa preocupación por el impacto ambiental que podría generar la implementación de la tecnología EDL, aún poco probada a gran escala en salares como los bolivianos.

Entre el litio y la legalidad

La historia reciente del litio en Bolivia revela un conflicto estructural: el deseo legítimo de industrializar un recurso estratégico choca con deficiencias técnicas, urgencias políticas y una débil articulación con las regiones directamente involucradas. La tecnología EDL aparece como una solución moderna y eficiente, pero su implementación carece hasta ahora de un consenso nacional y una hoja de ruta clara que incluya a todos los actores.

Mientras la Asamblea Legislativa define el futuro de los contratos, y la Justicia aún no cierra el capítulo legal, el país se encuentra en una encrucijada: convertir el litio en una oportunidad real de desarrollo o repetir la historia de recursos explotados sin equidad ni sostenibilidad.

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La construcción de las nuevas plantas de litio en Bolivia, a cargo del consorcio chino CBC, dependerá de estudios rigurosos de factibilidad y no implicará riesgos económicos para el Estado boliviano, según aclaró Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

René Salinas, gerente sectorial de ingeniería y proyectos de YLB, informó que los pagos por la construcción de las plantas de litio solo se activarán una vez que estas estén completamente operativas y cumplan con los estándares de capacidad y calidad establecidos en los contratos firmados.

“Cada etapa de la construcción de cada una de las plantas tiene un proceso de evaluación de factibilidad que pasa por YLB. La empresa china CBC tiene que hacer un estudio de factibilidad y demostrar que hay la suficiente cantidad de salmuera residual que se va a tratar en esta planta”, explicó Salinas. En caso de que no se cumplan estas condiciones, se considerará la ampliación del sistema de piscinas actualmente operativo.

El consorcio CBC, encargado del megaproyecto, está compuesto por tres compañías chinas clave en la cadena productiva del litio: CATL, BRUMP y CMOC. CATL se especializa en la fabricación de baterías, BRUMP suministra los insumos necesarios, y CMOC se dedica al reciclaje de baterías. Salinas adelantó que en el décimo año de producción se contempla una reinversión para la construcción de una planta de baterías en Bolivia.

Respecto a la tecnología que se empleará, indicó que CBC utilizará la Extracción Directa de Litio (EDL), basada en un absorbente desarrollado por las mismas empresas del consorcio, con experiencia previa en salares en China e instalaciones en Indonesia.

Salinas enfatizó que los costos de los estudios de factibilidad y diseño corren por cuenta de CBC y no representan riesgo financiero para el país. “Nosotros empezamos a pagar los costos de la construcción una vez las plantas estén operativas y cumpliendo las condiciones de capacidad y calidad requeridas. De otra manera, no pagamos ningún costo”, sostuvo.

Sobre las regalías, explicó que actualmente se rigen bajo la Ley Minera, que establece un 3%, aunque no descartó que se analicen posibles ajustes en la legislación para que se reflejen en los contratos.

En relación con el uso del agua, respondió a críticas señalando que las observaciones “no tienen fundamento técnico” y que YLB respetará el consumo humano, agrícola y ganadero, utilizando menos del 10% del caudal de recarga del área, conforme a estudios hidrogeológicos preliminares.

En la actualidad, CBC ha concluido una primera fase de estudios en el Salar de Uyuni como parte del acuerdo previo a los contratos. Sin embargo, todas las actividades se encuentran paralizadas, a la espera de la vigencia oficial de los contratos para avanzar con el estudio final, el informe de impacto ambiental y el diseño definitivo, que incluirá estimaciones de consumo eléctrico y de agua para solicitar la licencia ambiental.

Según la planificación, una vez aprobados los contratos, el proceso iniciará con el diseño (un año), seguido de la construcción (dos años) y la estabilización de la planta (hasta tres años), con una proyección de operación y mantenimiento por al menos 30 años.

Finalmente, Salinas alertó sobre la urgencia de iniciar la producción antes de 2030. “Hacia ese año, la demanda mundial de carbonato de litio podría dispararse, bordeando los 30 mil dólares por tonelada. El no iniciar a tiempo implicaría perdernos nuevamente un buen precio del litio”, advirtió.