Potosí, Kollasuyo Digital

La Secretaría de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí informó que se determinó restringir temporalmente el ingreso de turistas a la Isla del Pescado y a la Isla Incahuasi, ubicadas en el Salar de Uyuni, del Departamento de Potosí.

debido a la concentración de agua provocada por las recientes lluvias.

Luis Miguel Choque, Jefe de Turismo explicó que, la determinación obedece a una acción preventiva en favor de los turistas evitando cualquier tipo de acontecimiento que genere riesgo en su integridad física.

Pese a esta medida, los visitantes nacionales y extranjeros aún pueden acceder a otros sectores turísticos habilitados del salar, como Esculturas de Sal, Playa Blanca, Ojitos de Sal y el área de Formación de Burbujas, los cuales se encuentran en condiciones seguras para el turismo.

El nivel del agua a momento alcanza los 45 centímetros de altura, lo que dificulta el tránsito y el acceso adecuado.

Por: Antonio Jesús Bobarín Paco.

En una enérgica rueda de prensa, la presidenta del Comité Cívico de Uyuni, Jeanneth Fernández, expresó su grave preocupación por los recientes contratos firmados entre el Gobierno boliviano y empresas extranjeras —Uranium One Group (Rusia) y CBC (China)— para explotar el litio en el Salar de Uyuni.

Fernández denunció que dichos acuerdos fueron suscritos sin transparencia ni consulta previa con las comunidades locales y calificó los contratos como una entrega inconstitucional y perjudicial de los recursos naturales. Afirmó con firmeza “nos quieren regalar, lo quieren destrozar y no lo vamos a permitir.”

El pronunciamiento expresa el rechazo categórico al manejo “irregular, opaco y lesivo” de estos contratos y exige la realización de estudios de impacto ambiental completos e independientes antes de cualquier explotación. También subraya la urgencia de proteger a las más de 51 comunidades que dependen del ecosistema del Salar de Uyuni.

Reacciones y movilizaciones

Este rechazo se enmarca dentro de una ola de protestas que ha ido ganando fuerza en la región:

•  COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) ha liderado marchas en Potosí, donde calificó a los legisladores que aprobaron los contratos como “traidores a la patria” y exigió que se anule cualquier avance legislativo en este sentido.
•  Se han declarado en estado de emergencia en defensa del Salar, y se anticipan acciones como paros, bloqueos y recursos legales tanto nacionales como ante instancias internacionales a partir de este lunes 18 de agosto.
•  Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas Fundación Solón, Jubileo, CEDIB, entre otras, han emitido observaciones técnicas señalando al menos seis puntos críticos, como la sobredimensión de utilidades, la transferencia de riesgos al Estado y la falta de salvaguardas ambientales.

Contexto y antecedentes

La firma de estos contratos con empresas extranjeras profundiza las críticas en el marco de un proyecto de industrialización del litio que Bolivia aún no ha logrado concretar plenamente. A pesar de contar con una de las mayores reservas del mundo, la producción real sigue siendo muy baja y los avances lentos. No obstante, la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), anunciada como más rápida y menos contaminante, genera dudas por su alto consumo hídrico y su impacto ambiental aún no evaluado completamente.

Este pronunciamiento refleja el profundo malestar de las comunidades de Uyuni y Potosí ante lo que consideran una entrega apresurada y perjudicial de uno de los recursos más estratégicos del país. La tensión continúa en aumento, con movilizaciones y reclamos que podrían escalar en los próximos días.

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El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ayer que su gobierno no ejerce ningún tipo de presión sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la aprobación de los contratos suscritos con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio boliviano.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario subrayó que su administración asume con responsabilidad el desafío de industrializar el litio, recurso estratégico para el futuro energético del país. “Para ello convocamos a las empresas más prestigiosas del mundo, recibiendo un interés sin precedentes de más de 21 compañías internacionales”, señaló.

Según Arce, como resultado de este proceso, entre 2023 y 2024 se firmaron 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos. Estos acuerdos, según explicó, sentaron las bases para la firma de dos contratos en 2024 que —afirmó— son “sumamente favorables para Bolivia”, al garantizar la soberanía sobre el recurso y una participación mayoritaria del Estado en toda la cadena productiva y comercial.

El Presidente también aclaró que su gobierno cumplió con lo establecido por la ley al remitir dichos contratos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Sin embargo, indicó que la ALP decidió aplazar el análisis hasta febrero de 2025 con el fin de realizar una socialización más amplia. “Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”, explicó.

Totalmente politizado
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, cuestionó el tratamiento legislativo de los contratos, al considerar que el tema está “totalmente politizado” dentro del Parlamento. “Se habla de que no existe consulta previa, que no se cumplen condiciones ambientales o que no se está considerando el tema de los acuíferos. Son argumentos incorrectos que solo buscan desinformar”, manifestó.

Gallardo recordó que los acuerdos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas rusa Uranium One Group y la china CATL BRUNP & CMOC operan desde 2021 y pasaron por diversas fases técnicas antes de ser presentados para su aprobación legislativa.

El ministro advirtió que si los actuales legisladores no asumen su responsabilidad, podrían trasladar la decisión a la próxima Asamblea Legislativa, “cargando con el peso de no haber hecho su trabajo”. También precisó que los contratos permitirán el uso de apenas el 1,64% de los 21 millones de toneladas certificadas en el salar de Uyuni, utilizando la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio).

Gallardo también destacó el contexto global en el que Bolivia debe tomar decisiones estratégicas. “Hasta el año 2032 el mundo alcanzará la cúspide de producción de combustibles fósiles. Es ahí donde tecnologías emergentes como la electromovilidad, el hidrógeno verde y el litio jugarán un papel clave”, apuntó.

En medio de esta controversia, la Asamblea Legislativa reinstaló el miércoles la sesión para tratar los contratos, tras un cuarto intermedio sin fecha ni hora. Sin embargo, las posiciones críticas de legisladores evistas y de oposición continúan obstaculizando el debate.

“Se supone que son los ‘padres de la Patria’, personas electas para representar a sus regiones y velar por el bienestar de todos los bolivianos”, concluyó el ministro.

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En medio de una creciente tensión social y política, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) ha convocado a un Consejo Consultivo de Emergencia para este martes 8 de julio, con el objetivo de analizar y definir medidas frente al Proyecto de Ley N° 197/2024-2025, que aprueba un contrato entre el Estado boliviano y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.

La convocatoria, firmada por el presidente de COMCIPO, Dr. Alberto Pérez Ramos, llama a todas las instituciones afiliadas y al pueblo potosino a participar “disciplinadamente” en esta reunión que se realizará en el salón Tunupa, a las 18:30 horas. El documento denuncia que el contrato se estaría aprobando “sin consulta ni participación ciudadana” y califica la situación como una amenaza directa a la soberanía sobre los recursos naturales.

El contrato en cuestión

El Proyecto de Ley 197/2024-2025, aprobado en comisión por la Cámara de Diputados, contempla la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, y una inversión estimada de 1.030 millones de dólares.

El contrato fue firmado entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited, y ha sido defendido por el Ministerio de Hidrocarburos como una oportunidad para la transferencia tecnológica y la industrialización del litio boliviano.

Rechazo cívico y universitario

COMCIPO no es la única institución que ha expresado su rechazo. La Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), su Federación Universitaria Local (FUL) y hasta los empresarios privados, también emitieron un comunicado en el que denuncian la falta de transparencia y participación en la toma de decisiones sobre el litio, exigiendo que se priorice una Ley del Litio antes de firmar contratos con empresas extranjeras.

Durante la sesión legislativa del 3 de julio, representantes de COMCIPO intentaron ingresar al hemiciclo para expresar su oposición, pero fueron inicialmente impedidos. Posteriormente, lograron ingresar con una bandera de Potosí y corearon consignas como “¡El litio no se regala!”.

Un recurso estratégico en disputa

Bolivia posee cerca del 21% de las reservas mundiales de litio, concentradas principalmente en el Salar de Uyuni, el mayor del mundo. Sin embargo, la explotación de este recurso ha sido históricamente motivo de controversia por su potencial económico y los riesgos de pérdida de soberanía.

COMCIPO ha advertido que no permitirá la aprobación del contrato “a la cabeza del señor Luis Arce Catacora y familia”, y ha reiterado su consigna: “En defensa del litio potosino, hasta con la vida”.

                   

                   

De acuerdo a informes preliminares la turista alemana según  su declaración, se encontraba al volante para realizar unas grabaciones cuando perdió el control por exceso de velocidad, lo que provocó el vuelco con un arrastre de 41 metros.        

• Juaquín de Velarde Alarcón, de 17 años (fractura de húmero)
• Silvia Suzana Alarcón Olivares, de 40 años (policontusiones)
• Klaamor Hannah Tabea, de 28 años (fractura de húmero)
• Job Marijn Roelofs, de 22 años, de nacionalidad holandesa (traumatismo craneoencefálico leve a moderado)
• Martínau Peter Jakob, de 28 años, de nacionalidad alemana (TEC leve)