Potosí, Kollasuyo Digital

La Brigada Parlamentaria de Potosí anunció que este 8 de diciembre se reunirá para evaluar la reactivación del proyecto de ley sobre el litio que fue consensuado con el departamento de Oruro y Potosí o en su defecto, determinar si corresponde incorporar nuevas modificacione a este proyecto.

El presidente de la Brigada Parlamentaria, Juan José Torres, informó que la sesión dará carácter prioritario al tratamiento del tema del litio y los recursos evaporoticos, considerando su importancia estratégica para el departamento y el país.

Torres también cuestionó la reciente conformación de un supuesto comité de defensa del litio, el cual según afirmó, estaría siendo impulsado por sectores vinculados al “masismo”, esta versión coinside con el criterio de Alberto Pérez, Presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), señaló que este tipo de iniciativas podrían tener fines políticos y no responder a los intereses reales de la región.

Asimismo, recordó que hace tres años ya se había alcanzado un consenso sobre un proyecto de ley relacionado con la industrialización del litio; sin embargo, dicho documento no prosperó en la anterior legislatura del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El presidente de la Brigada advirtió que algunas de las personas que buscan conformar este comité estarían motivadas por intereses personales con miras a las próximas elecciones subnacionales, por lo que instó a mantener un debate transparente y centrado en las necesidades del departamento.

La sesión del 8 de diciembre será determinante para definir el rumbo del proyecto de ley y el rol que asumirá Potosí en la gestión e industrialización del litio.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

“Solicitamos medidas cautelares para proteger los derechos humanos ambientales en torno a los proyectos de litio en el Salar de Uyuni. La jueza agroambiental de La Paz determinó que la ALP suspenda el tratamiento de los contratos hasta que se cumpla con un estudio de impacto ambiental estratégico y la consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas”, informó el Defensor del Pueblo.

Una jueza agroambiental de La Paz ordenó este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) paralice el tratamiento de los contratos de litio hasta que no se realice un estudio de impacto ambiental. La medida cautelar fue otorgada a petición de la Defensoría del Pueblo.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que también se determinó que se cumpla con realizar una consulta previa a las comunidades involucradas.

“Como Defensoría del Pueblo, solicitamos medidas cautelares para proteger los derechos humanos ambientales en torno a los proyectos de litio en el Salar de Uyuni. La jueza agroambiental de La Paz determinó que la ALP suspenda momentáneamente el tratamiento legislativo de los contratos hasta que se cumpla con un estudio de impacto ambiental estratégico (recursos hídricos) y la consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas”, informó el Defensor del Pueblo.

Callisaya acotó que “no estamos en contra del desarrollo económico, pero este debe realizarse con pleno respeto a los derechos de la Madre Tierra y a las poblaciones de la región”.

El pasado 12 de agosto, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el contrato firmado por Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la rusa Uranium One Group para industrializar el litio.

La norma debía ser tratado en el pleno de la Cámara Baja antes de pasar al Senado.

Se trata del proyecto de ley 170 2024-2025 que aprueba el Contrato de Asociación Accidental para el Desarrollo de una Planta de Extracción Directa de Litio-EDL y Carbonatación de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí, Bolivia, entre la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Uranium One Group, Joint-Stock Company Sucursal Bolivia.

Según el Gobierno, con este contrato la empresa rusa inyectará una inversión de $us 975 millones para la construcción de una planta industrial de 4.000 toneladas anuales de producción de carbonato de litio.

Junto con este contrato también está paralizado el proyecto de ley 197/2024-2025 que aprueba el Contrato de Servicios para la Producción de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí, Bolivia, suscrito el 26 de noviembre de 2024, entre la empresa nacional estratégica de Yacimiento de Litio Bolivianos-YLB y la empresa Hong Kong CBC Invest Limited sucursal Bolivia.

La empresa Hong Kong CBC Invest Limited invertirá, según las autoridades, $us 1.030 millones en el emplazamiento de dos plantas, una con capacidad de producción de 10.000 toneladas (t) anuales de carbonato de litio, y la segunda de 25.000 toneladas (t) anuales.

Fuente: Oxígeno.bo

En una enérgica rueda de prensa, la presidenta del Comité Cívico de Uyuni, Jeanneth Fernández, expresó su grave preocupación por los recientes contratos firmados entre el Gobierno boliviano y empresas extranjeras —Uranium One Group (Rusia) y CBC (China)— para explotar el litio en el Salar de Uyuni.

Fernández denunció que dichos acuerdos fueron suscritos sin transparencia ni consulta previa con las comunidades locales y calificó los contratos como una entrega inconstitucional y perjudicial de los recursos naturales. Afirmó con firmeza “nos quieren regalar, lo quieren destrozar y no lo vamos a permitir.”

El pronunciamiento expresa el rechazo categórico al manejo “irregular, opaco y lesivo” de estos contratos y exige la realización de estudios de impacto ambiental completos e independientes antes de cualquier explotación. También subraya la urgencia de proteger a las más de 51 comunidades que dependen del ecosistema del Salar de Uyuni.

Reacciones y movilizaciones

Este rechazo se enmarca dentro de una ola de protestas que ha ido ganando fuerza en la región:

•  COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) ha liderado marchas en Potosí, donde calificó a los legisladores que aprobaron los contratos como “traidores a la patria” y exigió que se anule cualquier avance legislativo en este sentido.
•  Se han declarado en estado de emergencia en defensa del Salar, y se anticipan acciones como paros, bloqueos y recursos legales tanto nacionales como ante instancias internacionales a partir de este lunes 18 de agosto.
•  Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas Fundación Solón, Jubileo, CEDIB, entre otras, han emitido observaciones técnicas señalando al menos seis puntos críticos, como la sobredimensión de utilidades, la transferencia de riesgos al Estado y la falta de salvaguardas ambientales.

Contexto y antecedentes

La firma de estos contratos con empresas extranjeras profundiza las críticas en el marco de un proyecto de industrialización del litio que Bolivia aún no ha logrado concretar plenamente. A pesar de contar con una de las mayores reservas del mundo, la producción real sigue siendo muy baja y los avances lentos. No obstante, la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), anunciada como más rápida y menos contaminante, genera dudas por su alto consumo hídrico y su impacto ambiental aún no evaluado completamente.

Este pronunciamiento refleja el profundo malestar de las comunidades de Uyuni y Potosí ante lo que consideran una entrega apresurada y perjudicial de uno de los recursos más estratégicos del país. La tensión continúa en aumento, con movilizaciones y reclamos que podrían escalar en los próximos días.

Potosí, Kollasuyo Digital

Las instituciones potosinas, encabezadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) no oficialista, convocaron a una nueva movilización para este lunes 18 de agosto, en defensa del litio del Salar de Uyuni y la preservación DEL Sumaj Orcko qué continúan registrando hundimientos.

La marcha se realizará tras las elecciones generales, como parte de una serie de acciones en rechazo a la firma del contrato entre el Estado boliviano y la empresa rusa Uranium One Group.

La decisión fue adoptada en un consejo consultivo convocado por Comcipo, luego de analizar los hechos ocurridos en La Paz, donde diputados de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobaron el cuestionado acuerdo. Los cívicos calificaron este acto como “traición a la patria” y mencionaron explícitamente al diputado potosino Pedro Francisco Coro, de la localidad de Betanzos, como uno de los firmantes del contrato.

Comcipo denunció que se vulneraron derechos constitucionales, ya que se habrían presentado documentos falsos indicando que se realizó consulta previa con los pueblos originarios, cuando, según representantes de esas comunidades, dicha consulta nunca ocurrió. En respuesta, se anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, además de un proceso penal por falsedad material contra los responsables.

Como parte de las medidas de presión, se declaró el estado de alerta roja y emergencia permanente en Potosí, con el objetivo de evitar lo que los líderes cívicos califican como un “entreguismo del gobierno de Luis Arce”, al que acusan de favorecer a las empresas chinas y rusas a cambio de presuntos sobornos.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

• Amenazó con iniciar acciones legales contra quienes buscan validar los contratos por el litio.

Uyuni, Kollasuyo Digital

El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, cerró su campaña electoral en el departamento de Potosí con un acto realizado en la ciudad de Uyuni, donde lanzó un mensaje contundente sobre la defensa de los recursos naturales de esta región.

Durante su intervención, Quiroga afirmó que no permitirá que se “roben el litio de los potosinos” y anunció que, de llegar a la presidencia, iniciará procesos legales contra quienes hayan facilitado la firma de contratos que, según él, son lesivos al interés nacional, pero principalmente al potosino.

“Vamos a revisar cada uno de esos convenios y responsabilizar a quienes entregaron nuestra riqueza sin transparencia ni beneficio real para el país. Potosí no será más el patio trasero de Bolivia”, enfatizó.

Consultado sobre la elección de Uyuni como sede del cierre de campaña en el departamento, Quiroga explicó que esta ciudad representa el futuro estratégico del país.

“Uyuni será la ciudad más importante de Latinoamérica por el litio, y desde aquí reafirmamos nuestro compromiso con una industrialización justa, soberana y beneficiosa para los bolivianos, dándole el lugar que Potosí y Uyuni merecen” declaró.

Quiroga también puso énfasis sobre el rol histórico de Potosí en el desarrollo de Bolivia, señalando que sus riquezas han sido fundamentales para el país, pero mal administradas por gobiernos anteriores que hicieron desaparecer el gas, los dólares y hasta los combustibles.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

Potosí, Kollasuyo Digital

El Gobernador de Potosí, Lic. Marco Antonio Copa Gutiérrez, mediante un clip hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que actúe con responsabilidad social y transparencia en la toma de decisiones que afectan al Departamento de Potosí y los recursos evaporíticos en la región del Sud oeste.

Copa destacó la importancia de anteponer los intereses de los potosinos, garantizando su seguridad y certeza en la recepción de porcentajes favorables por concepto de regalías por la explotación del litio.

“Es fundamental que los potosinos reciban un porcentaje de regalías superior al 11% por la explotación de sus recursos naturales”, dijo.

Por otro lado calificó de bochornosa la sesión realizada por la comisión de economía plural, exigiendo transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

Por: Antonio J. Bobarín Paco. 

Bolivia ha intentado durante 17 años industrializar el litio.

Cuando el empresario francés Vincent Bolloré viajó a Bolivia en 2008, luego de que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) anunciara su plan de industrialización del litio, invitó al mandatario a París para hablar de negocios, mientras inversores de varios países también tenían puestos los ojos en el mineral.

Potosí, Kollauyo Digital

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ayer que su gobierno no ejerce ningún tipo de presión sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la aprobación de los contratos suscritos con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio boliviano.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario subrayó que su administración asume con responsabilidad el desafío de industrializar el litio, recurso estratégico para el futuro energético del país. “Para ello convocamos a las empresas más prestigiosas del mundo, recibiendo un interés sin precedentes de más de 21 compañías internacionales”, señaló.

Según Arce, como resultado de este proceso, entre 2023 y 2024 se firmaron 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos. Estos acuerdos, según explicó, sentaron las bases para la firma de dos contratos en 2024 que —afirmó— son “sumamente favorables para Bolivia”, al garantizar la soberanía sobre el recurso y una participación mayoritaria del Estado en toda la cadena productiva y comercial.

El Presidente también aclaró que su gobierno cumplió con lo establecido por la ley al remitir dichos contratos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Sin embargo, indicó que la ALP decidió aplazar el análisis hasta febrero de 2025 con el fin de realizar una socialización más amplia. “Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”, explicó.

Totalmente politizado
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, cuestionó el tratamiento legislativo de los contratos, al considerar que el tema está “totalmente politizado” dentro del Parlamento. “Se habla de que no existe consulta previa, que no se cumplen condiciones ambientales o que no se está considerando el tema de los acuíferos. Son argumentos incorrectos que solo buscan desinformar”, manifestó.

Gallardo recordó que los acuerdos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas rusa Uranium One Group y la china CATL BRUNP & CMOC operan desde 2021 y pasaron por diversas fases técnicas antes de ser presentados para su aprobación legislativa.

El ministro advirtió que si los actuales legisladores no asumen su responsabilidad, podrían trasladar la decisión a la próxima Asamblea Legislativa, “cargando con el peso de no haber hecho su trabajo”. También precisó que los contratos permitirán el uso de apenas el 1,64% de los 21 millones de toneladas certificadas en el salar de Uyuni, utilizando la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio).

Gallardo también destacó el contexto global en el que Bolivia debe tomar decisiones estratégicas. “Hasta el año 2032 el mundo alcanzará la cúspide de producción de combustibles fósiles. Es ahí donde tecnologías emergentes como la electromovilidad, el hidrógeno verde y el litio jugarán un papel clave”, apuntó.

En medio de esta controversia, la Asamblea Legislativa reinstaló el miércoles la sesión para tratar los contratos, tras un cuarto intermedio sin fecha ni hora. Sin embargo, las posiciones críticas de legisladores evistas y de oposición continúan obstaculizando el debate.

“Se supone que son los ‘padres de la Patria’, personas electas para representar a sus regiones y velar por el bienestar de todos los bolivianos”, concluyó el ministro.

Distintos sectores cívicos de Potosí instalaron una vigilia en la plaza 10 de Noviembre de la Villa Imperial; mientras en La Paz, la brigada parlamentaria se declaró en emergencia y adelantó que no permitirán la aprobación del proyecto de ley que autoriza la firma del contrato de explotación de litio en el Salar de Uyuni. Quienes se oponen recordaron la estrategia del arcismo para aprobar maniobrando con el ‘cuarto intermedio sin fecha ni hora’.

“Están cobrando plata, quieren aprobar un contrato que es dañino a los intereses del Estado, ya se están yendo y quieren irse con plata”, bramó el diputado Walty Égüez luego que la comisión declarara el cuarto intermedio.

Mientras que la diputada Lissa Claros, la más aguerrida de los legisladores potosinos, dijo que permanecerán en la sala de sesiones hasta obligar a los arcistas a suspender este tratamiento.

Desde las 17:00 de este miércoles la comisión de Economía Plural, a cargo del arcista Hernán Hinojosa, intenta instalar la sesión para tratar el segundo contrato de explotación de litio, esta vez con la empresa Uranium One Group, de procedencia rusa. Los diputados potosinos recurrieron a todo tipo de acción para impedir la sesión, incluso sacaron una de las mesas de la comisión.

Los legisladores potosinos recordaron que el arcismo “está acostumbrado a maniobrar de este modo” y aprobar con custodia policial e imponer los votos que lograron ‘concertar’ con algunos opositores. El 7 de febrero, la aprobación del primer contrato con la empresa china Hong Kong CBC también fue de madrugada y utilizando a la Policía para impedir el ingreso de los opositores.

En esa oportunidad, recordaron, también iniciaron su sesión a las 09:00 y al no lograr instalar la sesión declararon la misma en ‘cuarto intermedio, sin fecha ni hora’. Abruptamente, a las 20:00, reinstalaron la sesión sin comunicar a los opositores y mandaron a cercar la comisión con policías. Forcejeando los diputados lograron ingresar a la comisión, sin embargo, a las 05:00 se aprobó con el voto de opositores como José Carlos Gutiérrez (Creemos).

La noche de este miércoles, ocurrió algo similar, declararon ‘cuarto intermedio sin fecha ni hora’ y los oficialistas procedieron a retirarse de la sala de sesiones, esperando que los opositores hagan lo mismo, pero, estos advirtieron que no se moverán de este lugar.

Fuente: EL DEBER

Potosí, Kollasuyo Digital

Gritos, empujones e insultos marcaron la sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, donde se agendó el análisis del contrato de litio entre el Gobierno boliviano y una empresa rusa. Legisladores potosinos protagonizaron una protesta exigiendo que el debate se traslade al departamento de Potosí, como ya se había acordado previamente.

“Por unanimidad esta comisión ha determinado sesionar en el departamento de Potosí. Ya se ha tomado una decisión el 8 de febrero para sesionar en el departamento de Potosí ¿Por qué le tienen miedo sesionar en Potosí?”, increpó la diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), en medio de una acalorada discusión.

La sesión, convocada para las 17:15 en instalaciones del Legislativo en La Paz, se desarrolló en medio de un ambiente de tensión. Diputados del ala “arcista” del MAS manifestaron que no existen condiciones ni garantías para trasladar la sesión a Potosí, citando razones de seguridad y falta de presupuesto para los traslados.

Sin embargo, Claros y otros legisladores de oposición insistieron en que ya existía un compromiso asumido en febrero. “¡Están faltando el respeto a Potosí, a qué le tienen miedo, tenemos que sesionar en Potosí!”, reclamó la diputada potosina.

El diputado Walthy Eguez, de la bancada opositora Creemos, respaldó el pedido y cuestionó las excusas del oficialismo. “Había el compromiso de hacerlo en la ciudad de Potosí, pero se está argumentando que no hay los recursos económicos suficientes para el traslado de los diputados”, denunció.

Durante más de tres horas no se logró avanzar en el tratamiento del contrato que contempla una inversión de 975 millones de dólares por parte de la empresa rusa para la industrialización del litio boliviano. El debate quedó estancado entre posturas enfrentadas y sin acuerdo para continuar con el orden del día.

Hasta las 20:30, la sesión seguía paralizada, mientras persistía la exigencia de los diputados potosinos de trasladar el debate a la Villa Imperial.