Potosí, Kollasuyo Digital

Instalada la audiencia de acción popular planteadas por civiles y autoridades originarias de Potosi, al interior de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia, se determinó “el cese inmediato de funciones” de los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La resolución, emitida en audiencia que duro mas de 8 horas continuas, también dispone la suspensión del salario de los magistrados y ordena su retiro inmediato de las oficinas bajo custodia policial y activando los protocolos de seguridad que sean necesarios.

Durante la audiencia, los magistrados involucrados presentaron el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O, documento en el que anunciaban que su mandato concluiría dentro de diez días después de su emisión, previa notificación formal. Sin embargo, la Sala Constitucional de Potosí resolvió que el cese debía ejecutarse de forma inmediata, dejando sin efecto el plazo planteado por los propios magistrados.

Con esta decisión, parte de los accionantes manifestaron que la autoridad judicial departamental hoy reafirmó que el cumplimiento de los límites constitucionales del mandato debe ser respetados, haciendo incidencia que ninguna autoridad puede extender sus funciones por encima del marco normativo vigente.

Se aclara que los actos legales conocidos y ejecutados durante esta prórroga por los “autoprorogados”, mantienen su presunción de legalidad.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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Horas atrás, en el desarrollo de una audiencia de medidas cauteñares, se determinó la detención preventiva de dos personas acusadas de participar en el asesinato del subteniente de Policía Carlos Apata, ocurrido durante los violentos bloqueos y enfrentamientos ocurridos en el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí.

Los aprehendidos que hoy pasan a ser cautelados fueron identificados como Felipe M, y César U., quienes cumplirán su detención preventiva en diferentes centros penitenciarios, uno en la cárcel de Cantumarca y el otro en el penal de San Miguel de Uncía respectivamente, ambos con 4 meses de privación de libertad.

El tipo penal porque estos sujetos están siendo investigados son los delitos de asesinato, porte y portación de explosivos, y lesiones graves y gravísimas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que con estas detenciones ya suman 21 personas aprehendidas en el marco de estos hechos violentos.

Los hechos que dejaron luto y dolor en Llallagua ocurrieron el pasado junio de este 2025, cuando sectores identificados como “evistas”,  protagonizaron un bloqueo de caminos exigiendo la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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Tras la aprehensión de Félix Ch. L., principal sospechoso del feminicido de Sonia, el sujeto fue puesto a disposición de un juez quien conoció el caso y analizó las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía.

Entre los 19 elementos probatorios también figura la cedula de identidad de la víctima que fue encontrada en la billetera del ahora detenido, al igual qué otros documentos pertenecientes a los hermanos de la fatal víctima.

Según la Fiscalía, los indicios apuntan a que el crimen ocurrió en el domicilio de Félix, ubicado en una calle sin nombre de la zona de Thikaloma. En ese mismo lugar se encontraron sacos vacíos muy similares al que contenía el cadáver de la víctima, hallado el martes entre las calles Urkupiña y Sánchez de la zona ya citada.

El acusado optó por acogerse a su derecho al silencio y no ha brindado ninguna declaración hasta el momento. Sin embargo, un testigo asegura haber visto a Sonia ingresar al cuarto de Félix la noche del viernes 19 de septiembre. Desde entonces, nadie más la vio salir. Según las investigaciones preliminares, ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas.

La familia de Sonia pide justicia la máxima pena para el autor del delito

Por: Antonio J. Bobarín Paco. 

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Jazmín Araceli Flores, madre del niño que perdió la vida en un hecho que actualmente es investigado como presunto infanticidio en zona alta de la ciudad de Potosí, reapareció públicamente para brindar su versión de los hechos y exigir la restitución de la custodia de su hija menor, quien permanece internada en un centro de acogida.

Entre lágrimas, Flores relató que sus hijos fueron sacados por la fuerza de su domicilio. “Me han quitado a mis hijitos. Se han entrado por el techo y se los han llevado. ‘Tomando vas a morir’, me dijeron”, expresó visiblemente afectada, sin precisar quiénes habrían participado en el operativo.

Según su testimonio, la madre se enteró de la muerte de su hijo a través de las redes sociales, tras reconocer a familiares en imágenes que circulaban sobre el caso. “Yo me he enterado por el Facebook. Me han llamado y me dijeron: ‘no te vamos a decir dónde está enterrado ese tu hijo’”, denunció.

Flores también indicó que no solo se llevaron al menor fallecido, sino también a su hija de un año, quien fue posteriormente derivada a un orfanato en la ciudad.

El caso ha generado conmoción en la opinión pública y mantiene abiertas múltiples interrogantes sobre las circunstancias de la muerte del menor, la actuación de las autoridades responsables del retiro de los niños del hogar, así como la situación legal de la madre.

La mujer ahora exige que se le permita recuperar a su hija menor y clama por justicia en un caso que sigue siendo objeto de investigación por parte de las instancias competentes.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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Tras una audiencia de apelación interpuesta por la defensa del concejal municipal Henry López, ayer las autoridades jurisdiccionales resolvieron que este continuará privado de libertad en el recinto penitenciario de Cantumarca.

Esto luego de que la Sala Penal Segunda confirmara la resolución emitida en primera instancia por el Juez Arnold Barriga, titular del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N° 1, quien conoce la causa penal iniciada en contra de la autoridad electa.

El proceso judicial que complica la situación  legal de Lopez, fue interpuesto por la concejala suplente Alejandra Sivila. La querella acusa al concejal titular y ex presidente del ente deliberante de incumplimiento de resoluciones constitucionales, específicamente por no acatar un fallo que lo obligaba a entregar documentación y facilitar información a una concejala suplente.

Con esta ratificación, López deberá continuar en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso, negandosele el derecho al trabajo.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí determinó resolver el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, y del presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo Fernández.

La acción es una medida de presión para garantizar el cumplimiento de la Sentencia Constitucional que ordena preservar el Cerro Rico de Potosí, Patrimonio de la Humanidad y símbolo de la identidad potosina y boliviana que sufre serio deterioro de su morfología por la incesante explotación de sus recursos.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, destacó la importancia de esta decisión y advirtió que la organización civil seguirá de cerca el cumplimiento de los plazos establecidos por la Justicia.

“Vamos a esperar los 31 días establecidos, pero esta vez no vamos a permitir más burlas ni postergaciones con el Cerro Rico. La decisión de la Justicia es clara y debe cumplirse”, destacó Pérez.

El fallo establece un plazo de 31 días para que el Ministerio de Minería y Comibol presenten acciones concretas orientadas a la preservación de este patrimonio nacional.

El Tribunal Departamental de Justicia de Potosí asegura que esta acción busca resforzar el mandato constitucional de protección del patrimonio nacional, ante lo que se considera un reiterado incumplimiento de las autoridades responsables.

Las medidas restrictiva podría agudizarse de no hallar respuesta oportuna sobre la labor de preservación.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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Cerca a 100 internos de los pabellones de varones y mujeres en el penal Santo Domingo de Cantumarca han iniciado una huelga de hambre en protesta por varias demandas relacionadas al sistema judicial y su situación al interior de la cárcel.

Los privados de libertad exigen el inmediato cambio de la Juez de Ejecución Penal y la abrogación de la Ley 348, a la par de la revisión de su detención preventiva, puesto que de muchos excede el tiempo permitido según normativa, siendo que consideran:

• Los internos aseguran que una mayoría está injustamente en la cárcel y claman por justicia.
• Piden el cambio de Jueces para garantizar justicia para todos los internos.
• Exigen su libertad, señalando que muchos están detenidos preventivamente sin que sus procesos avancen.

Uno de los internos manifestó que “todos tenemos el mismo derecho, una oportunidad en la vida”, reflejando el sentir de los recluidos.

Pancartas, estribillos y la decisión de no permitir el ingreso de alimentos, refleja la protesta de los internos del penal de Cantumarca, la medida inicio a primeras horas de la mañana de este lunes 15 de septiembre.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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Limbert C. T., señalado como uno de los autores materiales del brutal asesinato del bombero, sargento primero Jesús Alberto Mamani Morales (28), natural de los Yungas que por varias gestiones desempeño su trabajo en bomberos Caracoles de la ciudad de Potosí, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Cantumarca.

La decisión tras una audiencia de medidas cautelares cumplida en el municipio de Llallagua, por el juez Erick Rolando Copa dictó la medida de detención preventiva por seis meses, basándose en los elementos de cargo presentados por el Ministerio Público.

La decisión se da en medio de los constantes pedidos de justicia, inicialmente por la familia, amigos y la propia institución del orden.

Según los reportes del macabro hecho el ahora fallecido fue capturado, golpeado y finalmente asesinado en la zona de Aguas Calientes durante los bloqueos del 11 de junio de 2025 promovidos por grupos auto identificados como evistas, quienes de mandaban la habilitación de Evo Morales en las elecciones nacionales.

El Viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó la participación directa de Limbert C. T. en el crimen y ratificó que el Gobierno buscará la máxima sanción legal contra quienes atentaron contra la vida de servidores públicos en cumplimiento de su deber, hechos luctuosos donde también perecieron civiles.

Con esta nueva detención, ya son tres los acusados recluidos preventivamente en la cárcel de Cantumarca por los asesinatos que marcaron los fatídico días en el norte de Potosí.

Por: Antonio J. Bobarín Paco. 

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Las acciones de violencia protagonizadas por comunarios afines a Evo Morales en la región norte potosina de Llallagua, quienes instalaron puntos de bloqueo, que luego dejeneraron en agresiones, saqueos, fuertes enfrentamientos y hasta muerte de civiles y policías son objeto de investigación por parte de las Fiscalía de Oruro y Potosí.

Ambas jurisdicciónes conocen diferentes procesos. Uno de los procesos se enfoca en las muertes de los uniformados y se ventila en la capital del pagador.

El otro investiga las agresiones a civiles, destrucción de un puesto policial, saqueo del mismo y otra suma de delitos que son de conocimiento por la Fiscalía potosina.

Gonzalo Aparicio, titular del ministerio público en esta region, informó que en el proceso de investigación por las acciones vandálicas, se han detenido a 13 personas de los cuales 9 son mayores de edad y 4 menores.

Los primeros se encuentran con detención preventiva en  cárceles de Uncía, Cantumarca y Oruro, mientras que los cuatro menores fueron llevados al centro de reintegración social Nuevos Horizontes, de Jesús Valle en la Villa Imperial.

Los procesos para conocer como ocurrieron los hechos avanzan con un compromiso e instrucción de dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos violentos y de luto.

“No se tendrá contemplación y se aplicará la normativa que sanciona los actos delincuenciales”, concluyó Aparicio.

Por: Antonio J. Bobarín Paco. 

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La mañana de este miércoles, se desarrolló la audiencia requerida por la defensa técnica del gobernador titular de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, quien presentó una solicitud ante el juez segundo de instrucción en lo penal para la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva que actualmente cumple la autoridad electa, en relación al caso de compra irregular de antígenos nasales.

Tras la evaluación de los argumentos presentados por las partes intervinientes en este proceso penal, el Juez determinó conceder la detención domiciliaria a Mamani.

Sin embargo, Emeterio Ortega Vallejos, Fiscal asignado al caso expresó su desacuerdo con la medida y anunció la presentación de un recurso de apelación.

Según el funcionario la aplicación de la detención domiciliaria no está debidamente fundamentada y sostiene que el imputado debe continuar con la detención preventiva, puesto que existen riesgos procesales qué pueden obstaculizar los trabajos de investigación.

Ante la consulta planteada por Kollasuyo, sobre si existe la posibilidad de que el Gobernador Titular acceda al derecho al trabajo, el servidor público indicó que Mamani Gutiérrez puede plantear esa situación ante la autoridad competente. No obstante, recordó que este también está siendo investigado por otras causas penales, en las cuales se han dictado medidas de detención preventiva.

El caso de presunta compra irregular de antígenos nasales involucra a funcionarios de la Gobernación de Potosí y el Servicio Departamental de Salud, por lo que el proceso investigativa esta en desarrollo.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.