Potosí, Kollasuyo Digital

Al interior del Tribunal Departamental de Justicia, se instalo la audiencia para la reconsideración de medidas sustitutivas aplicadas al Alcalde Constitucional de Potosí, Jhonny Llally Huata, negando la intención del Ministerio Público de volverla a ingresarlo al penal de Santo Domingo de Cantumarca.

Según detalló Humberto Quispe, abogado defensor del Burgomaestre potosino, la Fiscalía basó su solicitud en el argumento de que Llally no había cumplido con las firmas, ni tiqueos exigidos en esta institución por lo que exigía la revocatoria de las medidas sustitutivas.

Según explicó el jurista, este argumento fue desvirtuado puesto que su asistido acude al recinto señalado y realiza los tiqueos respectivo según determina la resolución judicial. Explicando que la ausencia de estos registros se debe a un problema del sistema y no así una omisión de Llally.

Consultado sobre si se planteará o requerirá el beneficio de acceso del Derecho al Trabajo, Quispe no anticipó nada manifestando de que esta posición será previamente analizada.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

Potosí, Kollasuyo Digital

La tragedia y la parca se ensaña con una familia potosina, que aun no superaba el deceso de su segundo hijo.

Elizabeth, una joven madre de 28 años, falleció anoche en el Hospital de Tercer Nivel “Fray Eugenio Natalini”, a una semana después de haber perdido a su bebé en circunstancias que levantan muchas incógnitas y acusaciones de mala praxis médica.

La noticia del deceso de la joven mamá fue confirmada la noche de ayer por Jorge Luis, hermano de la fatal víctima, quien visiblemente afectado expresó la profunda consternación de toda la familia.

“Mi hermana estaba sana, ya le tenían que dar de alta, no se que paso, le pusieron una inyección y enpeso a vomitar y combulcionar, exigimos justicia”, dijo en medio de sollozos.

La familia ha pedido a las autoridades que se investigue a fondo lo ocurrido, con el fin de determinar responsabilidades y evitar que otros ciudadanos pasen por situaciones similares que en sus percepción destruye familias y deja luto en la familia.

La madre en etapa de gestación fue derivada del hospital San Roque al Natalini, porque no poseía una incubadora disponible.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), negó categóricamente la existencia de una “paqoma” o permiso para la extracción de oro en el yacimiento aurífero de Amayapampa.

Los dirigentes mineros afirmaron que las cinco personas fallecidas el pasado jueves tras ser aplastados por un derrumbe, no eran trabajadores, ni comunarios del lugar, sino jukus que pretendían robar el codiciado mineral.

Denunciaron que los jukus ingresan durante la noche a este yacimiento por lo general armados, amenazando a los vigilantes y que pese a las reiteradas denuncias ante la Fiscalía, no hubo una respuesta contundente de parte de estas autoridades.

La FSTMB anunció que la seguridad en Amayapampa será reforzada advirtiendo qué no se tolerara avasallamientos ni saqueos.

“Defenderemos nuestro trabajo y nuestros recursos con firmeza”, concluyeron.

Por: Antonio J. Bobarín Paco. 

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En contacto con medios de comunicación, la concejala Josefina Cruz informó que desde su comisión se continuará investigando a los ingenios que contaminan el medio ambiente en la región acusandolos de generar una daño irreversible a la Madre Tierra y a la salud de los potosinos.

La legisladora señaló que el objetivo de su rol fiscalizador es llegar a sanciones concretas para aquellos que están operando sin respetar la normativa vigente.

“Estamos recopilando pruebas para actuar conforme a la ley y garantizar que se tomen medidas efectivas para proteger el medio ambiente y la salud pública. No vamos a permitir más daños a nuestra tierra ni a la salud de la población”, enfatizó.

Identificando las actividades de Laguna Pampa I y II, Cruz advirtió que será muy dura en sus requerimientos y no descarta con activar procesos legales en defensa de la salud de los potosinos, puesto que la justicia ya determinó el cierre de estos.

Por: Antonio J. Bobarín Paco. 

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La Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí en conferencia de noticias, informó que una funcionaria fue suspendida tras conocerse denuncias de supuestos cobros ilegales para la adjudicación de bienes, existiendo depósitos bancarios mediante códigos qr.

Según el responsable de esta unidad de la Gobernación, Juan Pablo Sanabria, las investigaciones preliminares arrojaron indicios suficientes contra la funcionaria, por lo que se ha trabajado en un informe en cuyas recomendaciones figura remitir obrados ante el Ministerio Publico.

Por otra parte se sabe que Marco Antonio Copa, Gobernador de Potosí, ha instruido el alejamiento de la Secretaria Administrativa y Financiera y se espera que las investigaciones sean continuadas por el Ministerio Público anticipando que de existe más involucrados se aplicará la misma acción.

La ahora ex servidora publica habría requerido entre el 1 al 4 por ciento a empresas proponentes, para ser beneficiadas con los posesos de contratación, el deposito mediante código qr. es de Bs. 4,.000.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.

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En entrevista exclusiva con este medio, Gonzalo Aparicio Molina, Fiscal Departamental, ha informado sobre los avances que se posee en el caso de la presunta venta de items al interior del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

La autoridad señaló que conocida la denuncia inmediatamente se procedió a conformar una comisión de fiscales que luego de actuados como entrevistas, recolección de prueba y hasta triangulacion de llamadas, se logró identificar a los presuntos autores del ilícito tipificado como uso indebido de influencias y concusión.

Cuatro son los individuos inicialmente investigados, siendo éstos Tatiana Andrea L. C, que fungía como Jefa de Recursos Humanos del Sedes, Daniela S. B., Monserrate T. A. y Sinforiano A. Ch., de estos la primera ya fue aprehendida y se espera la pronta captura de los otros, aclarando que no se descarta que el número de acusados vaya en ascenso.

A la consulta sobre la existencia de personas que operaban desde otros departamentos en esta oferta de items, Aparicio señaló que sí hay personas que tienen relación en este caso y se hallan en otras jurisdicciónes.

Kollasuyo tomo conocimiento de que incluso las ofertas para cargos en el Hospital Fray Eugenio Natalini, se hacían mediante llamados telefónicos desde oficinas del mismo Sedes.

En su declaración la primera aprehendida se sometió al derecho de guardar silencio y se está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde el ministerio público a confirmado su solicitud de detención preventiva en el Penal Santo Domingo de Cantumarca.

Por: Antonio J. Bobarín Paco