Potosí, Kollasuyo Digital

Según los datos proporcionados por el asesor legal de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, por instrucciones del presidente Grover Yelma, hoy se presentó una denuncia formal contra los asambleístas Reinaldo Romana y Amalia Capusiri.

Según la explicación de Alexander Terrazas, los delitos que se sindican en contra de estos dos legisladores departamentales son la usurpación de funciones e incumplimiento de deberes.

La acción legal fue interpuesta luego de que ambos miembros de la directiva instalaran lo que calificó como una “sesión ilegal”, vulnerando la normativa vigente y los procedimientos establecidos dentro del ente legislativo departamental.

Terrazas enfatizó que la instalación de dicha sesión se habría realizado sin cumplir los requisitos reglamentarios ni contar con la convocatoria correspondiente, lo que motivó la presentación de la denuncia ante las instancias competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades que correspondan.

En esta sesión realizada la tarde de ayer, se buscó insertar un punto al orden del día para tratar el cambio del gobernador interino, Marco Antonio Copa y elegir a uno nuevo.

Por: Antonio Jesús Bobarín Paco.

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Agricultores del municipio de Caiza D, en la región sur de Potosí, resolvieron tomar físicamente los ingenios mineros de Bellavista como medida de presión para frenar la contaminación que afecta sus cultivos y fuentes de agua. La decisión fue asumida en un encuentro regional realizado ayer en la comunidad de Bellavista, con la participación de organizaciones campesinas y ambientales.

Marvin del Monte, presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente de Potosí, explicó que desde hace más de 20 años las comunidades han reclamado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y las gobernaciones departamentales acciones concretas para detener la contaminación minera. “Hemos agotado esas vías y no hemos encontrado soluciones. Yo estoy en el activismo 20 años, pero antes de mí han estado otros 20 años luchando en defensa del medio ambiente”, señaló.

Los comunarios denunciaron que la contaminación de los ríos por pasivos ambientales y operaciones mineras ha reducido en un 50% la producción de hortalizas y frutales, afectando directamente la economía agrícola de la zona.

Impacto ambiental

La expansión de ingenios y la construcción de nuevos diques de colas en Bellavista generan preocupación por el riesgo de filtraciones y vertidos tóxicos hacia el río Tumusla, fuente de agua para riego y consumo humano. Informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua reconocen que Potosí es uno de los departamentos con mayor número de pasivos ambientales mineros, muchos de ellos sin procesos de remediación adecuados.

De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, las comunidades campesinas de Caiza D han presentado reiteradas denuncias sobre la contaminación de aguas superficiales y la falta de respuesta institucional.

Posición de las autoridades

La Gobernación de Potosí anunció que evaluará la situación y recordó que existen normativas ambientales que obligan a las empresas mineras a presentar planes de mitigación. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan la falta de fiscalización efectiva y la ausencia de proyectos de remediación en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua mantiene programas de monitoreo de calidad de agua en cuencas mineras, pero no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento específico sobre Bellavista u otra región en particular del departamento.

Escenario de conflicto

La decisión de los agricultores de tomar físicamente los ingenios marca un punto de inflexión en el conflicto socioambiental de Caiza D. El Comité de Defensa del Medio Ambiente advirtió que la medida se encuentra en “fase de emplazamiento”, mientras las comunidades esperan una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y departamentales.

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El exdirector municipal de Recursos Humanos, Germán Jorge Mamani, presentó ante el Ministerio Público una denuncia formal contra las concejalas Lesly Flores, Mirtha Guzmán y Josefina Cruz por los presuntos delitos de concusión y uso indebido de influencias. Afirma contar con audios, mensajes y testigos que respaldan los hechos denunciados.

La denuncia sostiene que las concejalas habrían ejercido presión, amenazas e intimidación para imponer la designación de personal en distintos cargos dentro de la administración municipal. Según Mamani, estas autoridades enviaban listas con nombres de personas que debían ser incorporadas como directores, jefes, secretarios y funcionarios, además de exigir la remoción de personal que ya ocupaba esos puestos.

El exdirector denunció que estos actos configuraban un uso indebido de influencias y que los presuntos beneficios económicos obtenidos a través de terceros constituirían concusión. Señaló que cuenta con audios, chats, testigos y otros elementos que serán presentados ante el Ministerio Público como parte del proceso judicial.

Mamani aseguró que fue presionado y amenazado para incorporar personal a cargos municipales siguiendo criterios de conveniencia de las concejalas. Explicó que, ante la negativa, incluso pedían su reemplazo y se mencionaba la posibilidad de apoyar la sustitución del alcalde. Señaló que durante mucho tiempo ningún funcionario se atrevió a denunciar estas prácticas y que, como subordinado, carecía de poder para detenerlas.

Reafirmó su compromiso de continuar con las acciones legales hasta esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión municipal.

Las autoridades denunciadas aún no emitieron una respuesta oficial sobre las acusaciones.

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El representante de la Federación Regional de Trabajadores de Educación Rural de Uyuni, Jaime Joaquín Flores, denunció públicamente un presunto caso de mala praxis médica en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Uyuni, después de que una profesora afiliada sufriera complicaciones graves tras recibir un diagnóstico y tratamiento que, según indicó, habría sido incorrecto en múltiples ocasiones.

De acuerdo con Flores, la docente Eulalia Bautista acudió inicialmente al centro médico por un dolor relacionado supuestamente con la vesícula biliar. Sin embargo, después de varias evaluaciones, los médicos cambiaron el diagnóstico a apendicitis, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. Pese a la operación, la paciente fue dada de alta al poco tiempo, pero se desmayó en su domicilio, lo que obligó a trasladarla nuevamente al hospital.

Según la denuncia, el médico responsable, identificado como doctor Vara, no se presentó para atenderla en esa oportunidad. Al día siguiente, el diagnóstico volvió a cambiar, esta vez a peritonitis, por lo que la profesora fue nuevamente intervenida. Su estado de salud se complicó aún más y el 5 de noviembre fue trasladada de emergencia a la ciudad de Potosí, donde los especialistas que la recibieron cuestionaron severamente la atención previa brindada en Uyuni. La paciente, según el reporte, estuvo al borde de la muerte debido a infecciones que comprometieron su hígado y páncreas.

El ejecutivo de la federación sostuvo que este no sería el único caso de presunta mala atención en la CNS de Uyuni y anunció que se ha solicitado la destitución del médico involucrado, además de exigir una respuesta inmediata, clara y responsable sobre lo ocurrido.

La organización sindical advirtió que no permitirá más atropellos contra la salud de sus afiliados y demandó una investigación transparente para esclarecer la cadena de diagnósticos y las tres cirugías a las que fue sometida la maestra.

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La tarde de ayer, el portal digital de Kollasuyo tomo conocimiento sobre un presunto caso de agresión física y tentativa de asesinato, protagonizada por un policía en contra de su pareja, suegra y el padre de esta, proceso que hoy esta en etapa investigativa.

Es así que conforme a los actuados procesales, el denunciado fue convocado por autoridad pertinente para que se le dé lectura a sus derechos y preste declaración informativa, inicialmente el denunciado se abstuvo a brindar datos sobre lo ocurrido, hacianendo uso de su derecho a mantener silencio.

Ya en horas de la noche este decide hablar y prestar su declaración. Este medio tuvo acceso a parte de lo narrado por el presunto autor de las agresiónes.

Según las versiones del uniformado, el conflicto se originó en medio de una acalorada discusión relacionada por presuntos actos de infidelidad cometidos por su pareja, que lo orillo a tomar la decisión de alejarse de esta persona.

Es así que decide recoger sus pertenencias, abandonar el hogar y poner fin a una relación que califica de “toxica”, pero fue recibido con golpes y amenazas.

En su relato, el hombre menciona que al intentar recoger sus pertenencia, en medio del forsejeo, su arma de fuego cayó del ropero donde se encontraba, quedando desparramada en el suelo y al intentar recogerla fue agredido con un palo de escoba, según el por su suegra, lo que le causó una lesión en la nuca qué derivó en su traslado al hospital obrero.

El acusado sostiene que pese a ser el principal sostén económico del hogar es agredido de manera reiterada y según cree “injustificada”.

Además, menciona tener una exesposa que reside en La Paz junto a sus hijos, a los cuales tampoco puede visitar por los celos de su pareja, pese a que esta conocía de su situación antes de entablar una relación amorosa.

El acusado ya fue dado de alta y se encuentra actualmente bajo proceso investigativo por la presunta comisión de delitos relacionados con la agresión a mujeres y violencia intrafamiliar.

Se espera que las autoridades competentes realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los que son parte del caso y así también se ampliquen las sanciones que determine la normativa.

Por: Antonio J. Bobarín Paco.