Potosí, Kollasuyo Digital

La tensión en torno al futuro del Cerro Rico de Potosí se intensifica. Miles de cooperativistas mineros protagonizaron este lunes movilizaciones en la ciudad de Potosí y La Paz, exigiendo al Gobierno nacional la asignación de nuevas áreas de trabajo fuera del yacimiento histórico, cuya cúspide enfrenta un deterioro crítico. La Gobernación de Potosí, encabezada por Marco Antonio Copa, expresó su preocupación por la falta de soluciones estructurales y pidió la conformación de una mesa interinstitucional para abordar el problema.

“Hace más de 10 años las cooperativas mineras vienen solicitando nuevas áreas de trabajo. Es momento de que el Ministerio de Minería, la COMIBOL y la AJAM se pronuncien con responsabilidad”, declaró el gobernador Copa, quien también confirmó que su despacho trabaja con la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) en evaluaciones técnicas para colaborar en la preservación del cerro.

Un patrimonio en riesgo

El Cerro Rico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enfrenta un proceso acelerado de hundimiento. Estudios recientes de la UATF advierten sobre el inminente colapso de la parte alta del yacimiento, debido a la intensa explotación minera por encima de la cota 4.400. En respuesta, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) inició un plan de reubicación de cooperativas hacia zonas como Tacobamba, Chaquí y Caiza D, aunque el proceso avanza lentamente.

El Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ordenó recientemente el congelamiento de cuentas del ministro de Minería, Alejandro Santos, y del presidente de COMIBOL, Reynaldo Pardo, por incumplir la Sentencia Constitucional 1062/2022, que instruye la estabilización del Cerro Rico y la migración de operaciones mineras, dando un plazo de 31 días para que se efectivice acciones objetivas en cumplimiento a la mencionada sentencia.

Reclamos del sector cooperativista

Oscar Chavarría, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN), denunció que las autoridades han entregado áreas ricas en vetas a empresas privadas, mientras que a las cooperativas se les asignan zonas improductivas. “Somos más de 30.000 trabajadores. No pedimos favores, pedimos áreas verdaderas para trabajar. La Ley 1369 nos ha dado terrenos donde ni siquiera se puede sembrar”, reclamó Chavarría durante la marcha en la Plaza 10 de Noviembre.

El sector cooperativo dio un plazo de un mes a la AJAM para entregar nuevas áreas de trabajo, advirtiendo que, de no cumplirse, se tomarán medidas más drásticas. “Nosotros también vamos a salir del cerro, pero necesitamos condiciones reales”, agregó Chavarría.

Posición del Gobierno

El ministro de Minería, Alejandro Santos, aseguró que se están buscando áreas libres que no pertenezcan ni al Estado ni a privados para reasignar a las cooperativas. También informó que más de 7.000 volquetas trasladan relleno seco diariamente para mitigar los hundimientos, y que ya se cerraron 20 bocaminas en la parte alta del cerro.