Salud negocia con organizaciones sociales la flexibilización en la presentación del carné de vacunación

* Por ahora, el próximo 26 de enero vuelve a ponerse en vigencia la obligatoriedad exhibir el documento al ingresar a las entidades públicas y privadas

La Paz, ANF

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció este viernes que se negocia con organizaciones sociales una posible flexibilización del decreto supremo 4641 que exige portar el carnet de vacunación contra el Covid-19, con el esquema completo o prueba PCR negativa vigente para ingresar a instituciones públicas y privadas o donde haya aglomeración de personas.

“Nosotros estamos en pleno proceso de negociación escuchando a las organizaciones para ver cuáles son sus inquietudes respecto a los decretos y, en base a eso, ver la posibilidad de flexibilización de este decreto supremo, que tenga la salvedad de incorporar todas las preocupaciones que tienen estos sectores y de la misma forma tengamos la posibilidad de precautelar la salud del pueblo boliviano”, afirmó la autoridad.

Explicó que para la posible flexibilización se tomarán en cuenta varios aspectos que argumentan las organizaciones y que serían un óbice para el ejercicio de los derechos fundamentales.

“Hay varios aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, en ese sentido nosotros en esta lógica de coordinación con nuestro pueblo es que vamos a escuchar esas determinaciones y estamos trabajando en la posible propuesta, que pueda llevar a un fin a estas inquietudes que tienen ciertos sectores”, indicó en rueda de prensa.

Desde el pasado 1 de enero, el Gobierno exige el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa con 48 horas de antigüedad para ingresar a lugares públicos, privados y para realizar viajes. Sin embargo, el 6 de enero el Consejo Nacional Estratégico resolvió suspender hasta el 26 de enero la obligatoriedad de presentar los documentos ante la aglomeración de personas que se registraba en puntos de vacunación y toma de pruebas PCR.

Sin embargo, ya hubo movilizaciones de sectores sociales denominados «antivacunas» que rechazan la exigencia del carnet de vacunación, ya que consideran que la norma es inconstitucional.