CUANDO HAY CONSTRUCCIÓN ILEGAL CORRESPONDE SU RETIRO

Más allá de las quejas por parte de la empresa Suiza “Kachi Lodge” y los habitantes del municipio de Salinas de García Mendoza del departamento de Oruro, que construyeron el albergue de “Domos“ en el Salar de Uyuni, corresponde al Viceministerio de Autonomías ordenar su retiro inmediato por ser construcción ilegal.

De acuerdo a la normativa boliviana, el Salar de Uyuni es considerada como una reserva estratégica para el departamento de Potosí y del país; por lo que, de acuerdo a las competencias exclusivas que tiene el nivel central del gobierno corresponde que todo tipo de actividad económica y/o turística a desarrollarse debe necesariamente contar con la autorización del gobierno central conforme señala el art. 298.II.19, 20 y 31 de la CPE.

Asimismo, de conformidad a la Ley 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el nivel central del Estado, a través de la Autoridad Competente en Turismo, debe definir las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas, respecto al establecimiento y desarrollo del Sistema de Registro, Categorización y Certificación de prestadores de servicios turísticos y el Sistema de Información sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas. Hecho que en la realidad no fue demostrada por quienes construyeron los famosos “DOMOS” en el Salar de Uyuni.

Por lo que corresponde al Consejo Departamental Interinstitucional de Defensa y Aprovechamiento de nuestros salares y la integridad Territorial que será conformada esta semana con la participación activa de las 4 Regiones Organizaciones e Instituciones más representativas del Departamento de Potosí a la cabeza del Gobierno y la Asamblea Departamental, exigir a los hermanos de Oruro el retiro de los domos, aplicando la jurisprudencia que se dio en enero del 2003 cuando dos hoteles de sal: “Playa Blanca” y “Palacio de Sal”, que congregaban a miles de turistas al año en el Salar de Uyuni, fueron clausurados y demolidos a raíz de la denuncia de los comunarios de la región sobre un presunto daño ecológico por no contar con un sistema de reciclaje de protección medioambiental.

Pueblos del Sur, 9 de agosto de 2021