Potosí, Kollasuyo Digital

Un operativo binacional fue iniciado el miércoles pasado en Hito Cajones (Provincia Sud Lípez) entre los carabineros chilenos y los policías bolivianos para controlar las actividades delictivas, confirmó el comandante departamental de la entidad del verde olivo, Mirko Bustos Panique.

Los hechos delictivos transnacionales que fueron controlados son narcotráfico, trata y tráfico de personas, robo de vehículos, contrabando y otros ilícitos, complementó.

La ocasión sirvió también para entregar a los carabineros una camioneta que fue reportada como robada en Chile el año pasado.

Este motorizado fue encontrado en Uyuni en noviembre pasado y, ahora, una vez que fueron concluidos los trámites, volverá a su legítimo propietario.

De igual forma, una vez que concluyan los trámites correspondientes, las vagonetas que fueron secuestradas en Tupiza serán entregadas a sus legítimos propietarios, finalizó el jefe policial.

Willy Alcocer Salas

Un piquete de huelga será instalado en la puerta del Concejo Municipal de Potosí a la espera del informe sobre la autorización para firmar el contrato de distribución del desayuno escolar, señala el comunicado emitido esta noche por la Junta Distrital de Padres de Familia.

Por ese motivo, se convocó a las bases de todas las unidades educativas a participar en la vigilia prevista desde las nueve de la mañana.

Asimismo, el comunicado resalta que existe un compromiso de parte del presidente del Concejo Municipal, José Emilio Elías Albán, para hacer conocer a la población el informe del desayuno escolar.

Desde hace más de un mes, los estudiantes de las unidades educativas fiscales y de convenio no se benefician con el alimento complementario, confirmó el vicepresidente de las Junta Distrital de Padres de Familia, Aníbal Ortega.

Willy Alcocer Salas

Potosí, Kollasuyo Digital

A tiempo de recibir los documentos para desarrollar el proceso de transición ordenado, el gobernador electo, René Joaquino Cabrera, indicó que pretende implementar un modelo económico revolucionario, distinto al resto del país.

La información entregada hoy será analizada profundamente para darle continuidad a lo que se estaba haciendo, complementó.

“Lo nuestro es cambiar el modelo económico del departamento y construirlo con lo que se ha hecho y lo que se puede hacer a futuro”, añadió.

Por ley, desde el 15 de este mes comenzó la transición entre la gestión que está por concluir y la que arrancará el próximo 3 de mayo.

“En Potosí tiene que nacer algo nuevo, una semilla que podamos sembrar para transformar las políticas públicas; pero también la relación del departamento con el nivel central”.

Afirmó que en la gestión que viene existe la posibilidad de construir los cimientos para que se cumpla el sueño de convertir a Potosí en un departamento grande.

Willy Alcocer Salas

Potosí, Kollasuyo Digital

La desaparición de las bombas y el daño del tablero, entre otros problemas existentes en el proyecto de aducción de agua desde La Palca, será comprobado por la alcaldesa Alejandra Sivila la próxima semana al realizar una inspección a esa obra.

La autoridad manifestó su pesar al señalar que la cantidad de funcionarios aumentó en el municipio; pero “no pudieron conseguir un portero”.

Esta alusión la realizó al referirse a los daños que sufrió ese proyecto, como el robo de sus bombas y el tablero, cuyo costo es superior al millón de bolivianos.

Al respecto, indicó que los asesores jurídicos y auditoría interna están preparando informes sobre la ejecución de este proyecto.

También señaló que los documentos presentados anteriormente sobre La Palca estaban modificados por la presión ejercida por ex autoridades.

Ese fue uno de los motivos para la destitución del director de auditoría interna; ya que ahora se pretenden transparentar el informe, agregó.

Willy Alcocer Salas

* El supuesto cabecilla está detenido preventivamente en el penal de Cantumarca

* Los integrantes de este grupo atacaron instalaciones policiales

* El Comandante de la Policía Provincial fue blanco de los delincuentes

Potosí, Kollasuyo Digital

El secuestro de dos vagonetas Toyota a mediados de marzo pasado en Tupiza, generó hechos de violencia protagonizados por una presunta banda delincuencial que opera en el sur del departamento de Potosí, lo cual es investigado por la Policía y el Ministerio Público.

Además, una persona de sexo femenino – mediante las redes sociales – acusa al comandante de la Policía de Tupiza de realizar cobros ilegales; hecho que fue desmentido hoy por la primera autoridad del verde olivo en Potosí.

SECUESTROS Y VIOLENCIA

La historia comienza el 12 y 13 de marzo pasado, cuando la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía de Tupiza secuestra dos vagonetas Toyota que circulaban con placas clonadas de otros motorizados que están en otras regiones del país, aclara el comandante departamental de la Policía, Mirko Bustos Panique.

Estos motorizados son de alta gama: el Toyota RAV 4, color blanco, modelo 2026 está valuado en más de 70 dólares y su placa es duplicada.

Igualmente, el Toyota New Fortuner, color blanco perlado, modelo 2021, tiene un valor similar y su placa también fue duplicada.

Ambos motorizados tienen denuncia de hurto en Chile, de acuerdo a los documentos remitidos a la Policía Boliviana.

Ante esta situación, se comunicó a la Fiscalía de Tupiza sobre el secuestro de ambos motorizados, además que junto al secuestro de la vagoneta Toyota Fortuner fue arrestado Omar Cazón Ramos; aunque posteriormente lo liberaron, mientras duren las investigaciones.

Entonces, las autoridades determinan trasladar ambos motorizados a Potosí y parten desde Tupiza; pero pasando Cotagaita son alertados sobre la existencia de un grupo de 25 personas que los esperaban en Vitichi para arrebatarles las movilidades.

Ante esta situación deciden volver a Tupiza; pero el RAV 4 se queda sin combustible, por lo que es dejado en el módulo policial de Cotagaita.

Al conocer esa decisión, el supuesto grupo delictivo intenta ocasionar destrozos en el módulo policial de Vitichi; pero son detenidos por los vecinos.

Más tarde, llegan hasta el módulo policial de Cotagaita ocasionando destrozos en las oficinas, así como en la camioneta patrullera.

Por ello, los efectivos del orden deben utilizar agentes químicos para dispersarlos.

Llega el 14 de marzo y mientras el comandante de la Policía de Tupiza, Luis Fernando Cardozo está en su casa – la autoridad es oriunda de esa región – y su vehículo particular sigue parqueado afuera, tres hombres se acercan a la vagoneta, rompen el vidrio, le echan gasolina y prenden fuego.

Todo parece indicar que la represalia está ligada al secuestro de los dos vehículos de alta gama.

Al salir a contener el fuego, se hallan dos bidones con combustible en el interior del motorizado, así como un par de dinamitas colocadas en el escape, a la altura del tanque de gasolina. El objetivo era hace explotar el vehículo.

Con esos antecedentes, una comisión de fiscales inicia las investigaciones y al día siguiente allanan dos inmuebles pertenecientes a Omar Cazón, esposo de la mujer que utilizando las redes sociales acusa a Cardozo de cobros ilegales.

En el primer inmueble allanado se encuentran ocho placas: cinco de nacionalidad argentina y tres bolivianas, un bidón con combustible – similar al que se colocó en la vagoneta de Cardozo –, dos bombas molotov, uniformes tipo militar, pasamontañas, manillas policiales y diferentes accesorios de vehículos.

Del domicilio se dirigen al lenocinio WhatsApp, ahí, una trabajadora sexual relata que fue traída desde la Argentina para vender pollo; pero una vez que piso suelo tupiceño la pusieron a trabajar como dama de compañía.

CABECILLA DETENIDO

La Fiscalía procede a la aprehensión de Cazón y dos trabajadores del lenocinio WhatsApp y los pone en el banquillo de los acusados.

Entonces el juez determina la detención preventiva de Cazón en la cárcel de Cantumarca por seis meses, imputado por el delito de trata y tráfico de personas.

Mientras que uno de sus trabajadores es enviado por seis meses al penal de Uyuni y el otro se beneficia con medidas sustitutivas.

Casi paralelamente se inicia otra demanda contra Cazón por daños y deterioro de bienes del Estado, y el juez también resuelve seis meses de detención preventiva en Cantumarca.

Además, se reveló que el presunto cabecilla de la supuesta banda criminal, tiene trece antecedentes de hechos punibles.

VAGONETAS Y DVR SECUESTRADOS

Ambos motorizados, por requerimiento fiscal, están depositados en el Comando de la Policía Fronteriza de Tupiza.

Sobre el DVR secuestrado en el lenocinio de Cazón, este aparato está en poder del Ministerio Público para coadyuvar en las investigaciones.

INTENTO DE ASESINATO

Luis Fernando Cardozo presentó una demanda ante la Fiscalía de Tupiza contra Omar Cazón por la presunta comisión del delito de intento de asesinato y que tiene relación con el incendio de su vehículo.

También abrió otra demanda contra la esposa de Cazón para que sea investigada por calumnias e injurias debido a sus acusaciones a través de las redes sociales sobre cobros ilegales.

Mientras tanto, la Policía investiga quienes son los autores de los destrozos en el módulo de Cotagaita, finalizó el informe del jefe policial.

Willy Alcocer Salas

Potosí, Kollasuyo Digital

El exsenador Hilarión Mamani y el expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, enfrentan una denuncia formal ante el Ministerio Público. Se les acusa de liderar la toma violenta de yacimientos en la comunidad de Chuchui para su explotación irregular.

Un nuevo escándalo de presunta corrupción y explotación irregular de recursos naturales sacude al ala política del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Potosí. El exsenador Hilarión Mamani y el ex titular de la Cámara Baja, Israel Huaytari, han sido denunciados penalmente ante la Fiscalía Departamental por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal.

La denuncia se centra en los eventos ocurridos en la comunidad de Chuchui municipio de Cotagaita provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, donde comunarios y propietarios de concesiones mineras legales reportaron el avasallamiento de sus yacimientos. Según los denunciantes, los exparlamentarios habrían utilizado su influencia política para coordinar la toma de estas áreas con el fin de iniciar una explotación de minerales sin contar con los contratos administrativos mineros requeridos por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Dato Clave: La Ley 535 de Minería y Metalurgia en Bolivia sanciona el avasallamiento en áreas mineras con penas de 4 a 8 años de cárcel, considerándolo un atentado contra el patrimonio estatal y la seguridad jurídica.

Debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de obstaculización en las investigaciones, la parte querellante ha solicitado al Ministerio Público la orden de aprehensión contra ambos exlegisladores, así lo dio a conocer el diputado Edgar Zegarra. Argumentan que, dada la relevancia de los cargos que ocuparon recientemente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, existe un riesgo de que puedan influir en los peritajes o en las declaraciones de testigos locales.

Este caso surge en un momento de alta sensibilidad en Potosí, donde la proliferación de la minería ilegal ha provocado conflictos sociales y daños ambientales irreversibles. Hasta el momento, ni Mamani ni Huaytari han emitido un comunicado oficial respecto a estas acusaciones, aunque en ocasiones anteriores han negado vinculaciones con actividades extractivas fuera de la norma.

La Fiscalía deberá ahora realizar la inspección ocular en Chuchui y citar a los involucrados para que presten su declaración informativa. De hallarse indicios suficientes, el proceso podría derivar en una imputación formal que obligaría a las exautoridades a defenderse desde las instancias judiciales.

Potosí, Kollasuyo Digital

La alcaldesa de Potosí, Alejandra Sivila Fuentes, realizó una inspección sorpresa en el Cementerio General tras denuncias sobre presuntas irregularidades, donde se verificó que el horno crematorio adquirido en la gestión 2021 no se encuentra en funcionamiento.

De acuerdo con la autoridad, el equipo tuvo un costo aproximado de un millón de bolivianos y, pese a haber sido instalado durante la administración del exalcalde Jhonny Llally, nunca llegó a operar, permaneciendo paralizado desde su adquisición.

Durante la inspección, se evidenció que el horno crematorio presenta deficiencias técnicas que impiden su funcionamiento, entre ellas observaciones en el sistema de refrigeración, la capacidad de extracción y otros componentes que no cumplirían con los requerimientos necesarios.

La alcaldesa calificó el caso como un posible “elefante blanco” y señaló que, desde 2021, no se habrían establecido responsabilidades administrativas ni penales por el presunto daño económico. En ese sentido, anunció la continuidad de los procesos legales para identificar a los responsables.

Por su parte, el responsable del equipo explicó que el horno fue sometido únicamente a pruebas iniciales por la empresa proveedora, sin que se haya concretado la cremación de cuerpos debido a las fallas detectadas, situación que derivó en su paralización y posterior observación en el área jurídica.

Finalmente, la autoridad municipal indicó que se solicitarán informes a gestiones anteriores, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por la inversión realizada sin resultados.

Por: Alicia Tellez 

Potosí, Kollasuyo Digital

La representante de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), Maribel Flores Sanabria, denunció públicamente un presunto desmantelamiento de maquinaria en instalaciones de Pro Bolivia, señalando responsabilidad del director nacional Mauricio Hurtado Domínguez.

Según explicó, el sector productivo tomó conocimiento la tarde de ayer miércoles de que equipos industriales, entre ellos maquinaria de hilado, teñido, laboratorios completos y movilidades, estarían siendo retirados o ya habrían sido desmantelados sin previo aviso ni notificación formal a los beneficiarios.

Flores indicó que estos equipos representan un pilar fundamental para el desarrollo del sector productivo local, por lo que calificó la situación como un atentado contra el trabajo y el futuro de los productores potosinos.

Asimismo, cuestionó que la autoridad nacional no haya realizado visitas a la región ni presentado informes sobre la situación institucional, pese a solicitudes previas de inspección y auditoría realizadas por el sector.

La dirigente informó que ya se presentó una denuncia formal en la ciudad de La Paz y que se sostuvo una reunión con el diputado Juan José Torres, quien comprometió su apoyo para esclarecer el caso.

Finalmente, anunció que el sector se encuentra en estado de alerta y que se asumirán medidas pacíficas, incluyendo la toma de las instalaciones, con el objetivo de resguardar los bienes productivos y evitar su traslado, exigiendo además la apertura de un diálogo con las autoridades nacionales.

Por: Alicia Tellez 

Potosí, Kollasuyo Digital

El representante del Sindicato de Médicos y Ramas Afines (SIMRA), el secretario ejecutivo José Luis Sargarnaga, informó que el sector se ve obligado a retomar las movilizaciones debido a la crítica situación que atraviesa el sistema de salud, marcada por la falta de medicamentos y problemas administrativos.

Según explicó, en los últimos meses se ha evidenciado una fuerte injerencia política en la institución, lo que ha derivado en la designación de autoridades por confianza y no por mérito, situación que asegura está generando dificultades en la gestión y afectando la atención a los asegurados.

Sargarnaga señaló que actualmente los profesionales médicos enfrentan limitaciones para brindar un servicio adecuado debido a la carencia de insumos esenciales, advirtiendo que el sistema está próximo a ingresar en un escenario de desabastecimiento que podría desencadenar una crisis institucional a nivel nacional.

Ante este panorama, el sector determinó asumir medidas de presión de manera gradual. En ese marco, anunció que para el viernes 24 de abril se llevará a cabo una marcha nacional con la participación de delegaciones de todo el país, en el contexto de una movilización general en Bolivia.

Asimismo, indicó que posteriormente se prevé intensificar las protestas con huelgas de hambre y paros, acciones que reconoció podrían afectar la atención médica, pero que consideran necesarias para exigir respuestas del Gobierno y garantizar mejores condiciones para los pacientes.

Finalmente, el dirigente pidió disculpas a la población asegurada por las medidas anunciadas, remarcando que estas buscan precisamente asegurar una atención digna y oportuna, en cumplimiento de las demandas del sector y en defensa de los derechos de los pacientes.

Por: Alicia Tellez

Potosí, Kollasuyo Digital

El Centro de Control y Monitoreo del VIH/SIDA en el Norte de Potosí ha reportado la identificación de siete nuevos casos positivos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hasta el mes de marzo del presente año.

La información fue confirmada por la Dra. Jenny Espejo, responsable de dicha institución, quien destacó la importancia de la prevención y detección temprana, principalmente el uso del condón.

Los pacientes diagnosticados con VIH se encuentran en un rango de edad que va desde los 17 hasta los 50 años, lo que subraya la vulnerabilidad de diferentes grupos etarios ante esta enfermedad.

Espejo hizo un llamado a la población a realizarse pruebas de forma voluntaria y confidencial, así como a mantener prácticas sexuales seguras para prevenir la propagación del virus.

“La detección temprana del VIH es crucial para iniciar un tratamiento adecuado que permita a las personas afectadas llevar una vida plena y saludable, además de reducir el riesgo de transmisión”, afirmó.

Por: Antonio Jesús Bobarín Paco.