San Agustín de Puñacas presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional de Bolivia en la que señalan al Gobierno y las mineras como causantes de la contaminación que las dejó sin agua para vivir
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San Agustín de Puñacas, una comunidad en la provincia Poopó, en el altiplano boliviano, donde conviven aymaras, quechuas y urus, se está quedando sin jóvenes. La mayoría de los habitantes de ese ayllu, como se denomina a la forma de organización social en algunas zonas de los Andes, son ancianos. Al resto de la población le ha expulsado la contaminación de centenares de faenas mineras que desde hace décadas sueltan estaño y zinc mezclados con la ‘copajira’ (agua servida con residuos químicos) por tuberías improvisadas a ríos y lagos sin un control efectivo de las autoridades.
“Este lugar es una zona de sacrificio donde están contaminadas nuestras aguas y nuestras tierras”, denuncia Abel Machaca, de 60 años, un dirigente de San Agustín de Puñacas, en el departamento de Oruro. Solo ahí, unas 40 familias se han quedado sin agua para beber ni tierra para sembrar. “Yo tengo ocho hijos y todos se fueron a Buenos Aires (Argentina) por ello; porque ya no se puede criar animales, no hay trabajo”, dice por su parte Gabriela Cruz, una agricultora de 61 años. “Toda la gente joven ha emigrado porque además el lago Poopó se ha secado ¿Entonces con qué uno se mantiene? Las casas de quienes se fueron están abandonadas”, se lamenta.
En 2021, la comunidad decidió presentar una demanda ante el tribunal departamental de Oruro en contra de las autoridades locales, nacionales y las mineras, pero la demanda se desestimó. Los comunarios no se rindieron e insistieron ante el Tribunal Constitucional, el máximo ente judicial boliviano, con la ayuda legal de la oenegé Cenda (Centro de Comunicación y Desarrollo Andino).
En el fallo conocido en marzo, el tribunal ordenó un “estudio sobre el agua de la que se provisiona dicho colectivo indígena, con la finalidad de constatar si ésta es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, así como para dimensionar su repercusión en la salud de su población”.
Si el estudio confirma la contaminación en el agua, las autoridades nacionales y locales deberán asumir “las acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso hídrico óptimo para su aprovechamiento”, agregó el fallo. “Queremos agua limpia para vivir y tierra para sembrar y que nuestros animales coman y beban sin contaminarse”, dice Benita Lima, otra agricultora de 71 años, quien afirma sufrir dolores en los riñones que achaca a los vertidos.
Impacto para el ecosistema y la salud
El ingeniero medioambiental de Cenda Yasir Peredo mira con tristeza uno de los socavones desde donde corre agua ácida hacia toda la zona. “Hay un impacto minero a perpetuidad que no se puede recuperar en el ecosistema”, afirma. “Nosotros estamos convencidos de que la población está contaminada con metales pesados y que actualmente están sufriendo daños en la salud, cáncer avanzado y daños en el riñón”, afirma por su parte Sergio Vásquez, abogado y director ejecutivo de Cenda y quien representó legalmente a las comunidades.
Richard Chiara, director de la carrera de medicina de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), realizó en 2019 un estudio de los niveles de plomo en la sangre y su efecto en el coeficiente intelectual a 10 estudiantes de una escuela de la zona contaminada. El estudio determinó que los jóvenes tenían “hasta ocho veces más de plomo en la sangre que lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es hasta 10 microgramos por decilitro de sangre” y que “existe un menor coeficiente intelectual a mayor concentración de plomo en sangre”.
“El plomo es uno de los pocos minerales que no se puede excretar a través de la orina y permanece permanentemente en el cuerpo. Afecta en bajas concentraciones al sistema nervioso y en altas concentraciones puede producir convulsiones, mareos e incluso la muerte en casos muy extremos”, agregó Chiara. La OMS considera el plomo uno de los 10 productos químicos que suscitan una mayor preocupación para la salud pública y que requieren la intervención de los gobiernos de los países para proteger la salud de las personas.
“Queremos trabajar”
Villa Poopó es el municipio más grande de la zona, donde viven unas 5.000 personas que cuentan con agua potable gracias a una represa que sólo abastece a este poblado. Paralelamente, otros ríos cuyas aguas contaminadas son de color naranja y emiten un olor a metal atraviesan la localidad y van a dar al ayllu San Agustín.
Benita Lima cuenta que para obtener agua potable tiene dos opciones: tomar un taxi que le cuesta hasta 10 dólares para trasladar bidones de 30 litros o caminar con los bidones una hora y media desde el ayllu hasta Villa Poopó.
Una persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. La mayoría de la población de la villa está dedicada a la minería. Son conscientes de la contaminación, pero defienden su trabajo y rechazan las protestas de las comunidades. “Claro que me da miedo la contaminación, pero qué vamos a hacer, la vida es así y por la familia hay que confrontar el miedo. Sufrimos dolor de estómago, mareos, es que trabajamos hasta 12 horas”, afirma Víctor Rafael, un minero artesanal de 55 años que trabaja en una improvisada faena donde recupera concentrado de estaño de la poca agua contaminada que queda en el río Poopó.
El mayor problema en la zona es la contaminación que viene de Huanuni, un centro minero estatal donde viven unas 30.000 personas y donde se explota estaño. Está ubicado a unos 54 kilómetros al este del ayllu. Los residuos tóxicos de la mina son arrojados por tubos de plástico directamente hacia el río Huanuni, un cuerpo de agua gris y maloliente. “Sabemos que hay recursos mineros en el río y hacemos esto por el desempleo ¡Queremos que la gente se beneficie de un puesto laboral!”, afirma Bruno Ramírez, de 40 años, dirigente de un grupo de desempleados en Huanuni.
Sus aguas contaminadas cruzan decenas de kilómetros y decantan en el río Desaguadero, que comparten Bolivia y Perú. Ambos afluentes desembocan en el lago Poopó, cuyo nombre llegó a las noticias de todo el mundo después de secarse totalmente en 2015. Con el paso de los años, han reaparecido algunos charcos de agua en el lago, pero la mayor parte es ahora un terreno desolado de color blanco o amarillo.
Los habitantes del ayllu San Agustín pescaban en el lago, pero debido al cambio climático y la contaminación, los peces desaparecieron al igual que las más de 200 especies de mamíferos y aves que habitaban allí, entre ellos la parina, un flamenco andino.
En 2009, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales, decretó estado de emergencia en la zona “debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos” y ordenó medidas de mitigación que para los habitantes del ayllu no han sido suficientes.
En sus 13 años de Gobierno, Morales tuvo una estrecha alianza con las cooperativas mineras estatales dándoles privilegios como leyes para operar en áreas protegidas o ventajas impositivas. Esta relación continúa con el actual presidente Luis Arce. “Evaluamos y coordinamos las mejores acciones a seguir para fortalecer el sector minero en beneficio de las bolivianas y bolivianos”, dijo Arce en marzo, tras una reunión con mineros de Huanuni. Ese mes, la minería, uno de los sostenes de la economía boliviana, aumentó su producción en 9,28% respecto al mismo mes del 2022, mientras que fue unas de las mayores exportaciones el año pasado alcanzando los 6.200 millones de dólares.
“Mientras los mineros sean socios del Gobierno nunca nos van a dar agua”, se queja Gabriela Cruz. Por el momento, las comunidades del ayllu conformaron una comisión para vigilar que se realice el estudio ordenado por el Tribunal Constitucional, y no descartan presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: EL PAÍS
