Adriana (nombre cambiado para cuidar su identidad) es una menor de edad con discapacidad intelectual que vive con miedo. Cuando tenía 13 años fue abusada sexualmente por el propietario del inmueble donde, junto a su familia, vivía en alquiler en Sacaba, Cochabamba. Ya no le gusta salir de su hogar, se siente incómoda si alguien la observa y busca la compañía de su madre en todo momento.
Después de más de tres años de proceso, Abraham Lozano Sandoval (73 años) recibió 15 años de cárcel por el delito de abuso sexual con agravante cometido en contra de Adriana, pero sigue suelto. Los papás de la víctima a través de sus abogados han solicitado, desde 2019, que el autor sea enviado a una cárcel, pero sus peticiones han sido rechazadas, pese a que el autor tenía declaratoria de rebeldía antes del juicio.
Adriana era una niña muy diferente a como se siente ahora, alegre y no desconfiaba de la gente. Batalló desde muy pequeña porque en cierta etapa sufrió bullying (acoso escolar) por su discapacidad intelectual. Según los estudios realizados en 2019, los profesionales determinaron que el cociente intelectual promedio de la víctima, que en ese entonces tenía 13 años, era de una menor de siete años y seis meses. El abuso sexual le causó “elevados grados de temor y aislamiento”.
En Bolivia cada día se reportan al menos siete casos de violencia sexual (abusos y violaciones) contra menores de edad.
La vida de Adriana y de su familia dio un giro inesperado el 10 de agosto de 2019. Ese día, Abraham Lozano sentado en el patio de su inmueble aprovechó que la niña estaba sola y que salía del baño. La llamó y ella se acercó inocentemente, pero el adulto mayor le realizó toques impúdicos y le causó equimosis en el cuerpo. La dejó ir porque sabía que la mamá de la menor estaba en un negocio próximo al domicilio, pero antes la amenazó para obligarla a guardar silencio.
El agresor no estaba en la casa cuando la madre de Adriana volvió y encontró a su hija llorando. Su niña le contó todo lo sucedido después de mucha insistencia. Sacó a Adriana del lugar y buscó a su madre y a su esposo, quienes se encargaron de llamar a la Policía y capturar al agresor sexual.
Lozano fue aprehendido, pero la audiencia de medidas cautelares donde lo beneficiaron con detención domiciliaria sin custodios, fianza, firmas periódicas y arraigo se llevó sin previa notificación a la parte acusadora (víctimas), según el testimonio de la mamá de Adriana. Ella reclamó a la Policía y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, quienes se habían comprometido a acompañarla con un abogado en el caso, pero le “fallaron”. No tuvo más opción que buscar un abogado particular porque tenía 72 horas para presentar la apelación y buscar que el arresto en casa sea cambiado por cárcel, pero el juez que atendió la solicitud solo ratificó el fallo.
“Sentí impotencia. Todo era nuevo para mí, no sabía nada (de los procedimientos en estos casos)”, dijo la mamá de la víctima a tiempo de mencionar que la peregrinación apenas comenzaba. La citaron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) donde colectaron las muestras para el laboratorio de amilasa salival e hicieron peritajes psicológicos, entre otros actuados, pero el sindicado rechazó el hisopado entorpeciendo la investigación durante la etapa investigativa.
DE VUELTA A ARGENTINA La investigación se estancó durante la pandemia. Adriana ya no sonreía, bajo su rendimiento académico, temía salir a la calle y solo dormía si su madre estaba a su lado. Sus papás querían verla mejor y decidieron volver a Argentina para cuidarla, pero estaban pendientes del proceso a través de la abuela materna de la víctima (que tenía un poder) y de sus abogados.
Los padres de la menor vendieron todos sus bienes antes de volver a Bolivia en 2017. Su plan era establecerse en el país, donde tienen familiares, y todo estaba marchando bien hasta que su hija fue víctima de violencia sexual en 2019. Querían evitar que ella se encuentre con su agresor y decidieron hacer maletas tras que se levantaron las restricciones en 2020 y se mudaron a Buenos Aires, Argentina, donde empezaron de cero.
Adriana presentó mejoras en su estado emocional y mental, y sigue recibiendo contención psicológica, pero su mamá tuvo que volver a Bolivia en búsqueda de justicia. Llegó en diciembre de 2021 y encontró que el proceso no había avanzado.
AUTOR PRÓFUGO Y FALTAS Sergio Escobar, abogado de la familia de la víctima, señaló que colectaron las evidencias necesarias para demostrar que Lozano incumplía las condiciones establecidas para su detención domiciliaria y correspondía revocarle el beneficio. No se encontraba en el inmueble y, ese aspecto fue comprobado por los asignados al caso, no presentó su arraigo y no estaba firmando periódicamente como se lo habían ordenado.
Estaban listos para exigir la revocatoria de medidas sustitutivas cuando el juez cautelar pidió a la fiscal que presente la acusación y luego derivó el caso al Juzgado de Sentencia.
La jueza del Juzgado de Sentencia No. 1 de Sacaba fijó la audiencia de juicio oral para el 11 de abril de este año, pero el acusado no se presentó. Se dictó la declaratoria de rebeldía en su contra.
Escobar explicó que la jueza instruyó que el acusado sea aprehendido de lunes a jueves en el municipio de Sacaba, pese a que el abogado había pedido que pueda ejecutarse en días y horas extraordinarias y a nivel nacional.
INVESTIGADOR PRIVADO SEGUÍA LAS PISTAS La familia de Adriana buscó la ayuda de un investigador privado para encontrar a Lozano, quien estaba prófugo de la justicia. El acusado tenía familiares en varios departamentos y estaba siendo difícil capturarlo.
Solicitaron el allanamiento del inmueble donde el sindicado debía estar cumpliendo su detención domiciliaria y comprobaron su ausencia. Entonces, la jueza emitió la orden de aprehensión a nivel nacional, pero de lunes a jueves. El detective logró ubicarlo en el oriente boliviano. Descubrió que él viajaba a Cochabamba cada cierto tiempo para cobrar unos cheques. Con toda esa información, siguió la búsqueda, pero su aprehensión no pudo darse de inmediato.
La mamá de Adriana no podía estar más tiempo alejada de su familia que se había quedado en Argentina. Su estadía se había extendido más de lo previsto y decidió volver no sin antes intentar ubicar al agresor sexual de su niña. Buscó a familiares del autor, pero decían desconocer su paradero, y recorrió algunos municipios sin éxito.
LA CAPTURA Lozano fue aprehendido a principios de octubre de este año cuando llegó a Cochabamba por cuestiones laborales.
Según el abogado de la familia de la víctima, la orden de aprehensión se ejecutó un jueves por la tarde, dentro el plazo, por parte de un funcionario policial del Valle Bajo que llevó a Lozano hasta el Juzgado como decía la instrucción, pero la jueza refirió que “la aprehensión había sido mal ejecutada”.
Al día siguiente, se llevó la audiencia modificatoria de medidas cautelares, pero salió a favor del acusado y siguió con medidas sustitutivas, pese a que habían declarado su rebeldía. Escobar presentó por medio de la oficina gestora y en representación de su cliente que se encontraba en Argentina, y desconociendo que la abuela tenía un poder, las pruebas colectadas anteriormente para demostrar que Lozano no estaba cumpliendo con las medidas establecidas para gozar de arresto domiciliario. La jueza no valoró esa prueba documental argumentando que la abuela materna, ante la ausencia de la madre de la víctima, era la única que podía presentar ese documento para que sea analizado por el despacho judicial. Su rechazo fue “in limine” e instruyó la devolución del memorial por secretaría.
El inicio de juicio debía llevarse el sábado, pero se suspendió un par de días debido a que la parte afectada no estaba presente porque no había sido notificada. El día fijado, el abogado presentó un certificado médico de la abuela materna porque sufrió estrés traumático, se le subió la presión, entre otras situaciones que le impedían presentarse en la audiencia. Pedían que se suspenda el inicio de juicio hasta que la mujer de la tercera edad se recupere y, en ese tiempo, la mamá de la víctima pueda hacer lo posible para llegar a Bolivia y ser parte de esta audiencia como testigo siendo que fue la primera persona que tomó contacto con Adriana después del abuso sexual, pero la solicitud no fue concedida y, el 12 de octubre, comenzó el juicio.
La sentencia de dictó en “tiempo récord”. Abraham Lozano Sandoval fue declarado culpable del delito de abuso sexual con agravante el 17 de octubre por lo que le dieron una condena de 15 años de privación de libertad en el penal de El Abra.
Para el abogado de la víctima, es una sentencia justa, pero considera que el testimonio de la progenitora y de otras personas, entre ellos funcionarios policiales, psicólogos y peritos, reforzaría los argumentos del fallo final. La premura impidió que varios testigos sean notificados para presentarse en el juicio.
La mamá de Adriana regresó a Bolivia, pero no alcanzó al juicio oral. “Hice todo, presenté pruebas para que este hombre vaya preso. Desde 2019, estoy pidiendo que le revoquen los beneficios, pero todo sale a su favor. Mi hija estaba siendo revictimizada y, en cuanto abrieron las fronteras en 2020, nos fuimos a Argentina. Mi niña vivía muy triste, era como una plantita que estaba apagándose. Tuvimos que irnos por su bienestar, por su salud psicológica y mental, pero empezamos nuevamente de cero, en alquiler y con un colchón. Aquí ya me había hecho cositas y estábamos acostumbrándonos y trabajando, pero nos quitaron la tranquilidad”.
Los papás buscan justicia para su hija. Se endeudaron por seguir el proceso y sienten impotencia porque el autor goza de impunidad, pese a contar con sentencia. El culpable apeló el veredicto y temen que consiga reducir la pena o anular el fallo. Piden a las autoridades que sigan su caso y que el autor cumpla su condena en prisión.
“Tengo a mi mamá en Cochabamba. Quisiera quedarme a vivir aquí como había planeado. Nada ha sido fácil para nosotros y, en este tiempo, ni siquiera he podido trabajar. Me duele que el abusador sexual de mi hija esté tranquilo en su casa o en las calles, mientras nosotros tuvimos que irnos a otro país. No es justo”, lamentó la madre de Adriana a tiempo de exigir justicia.
Fuente: OPINION
