La organización denuncia “graves crímenes” por parte de militares, mercenarios y yihadistas y denuncia la persistente impunidad.
La vida de la población en el centro de Malí se ha convertido en “un infierno en la tierra” ante el repunte de la violencia y los continuos abusos por parte del Ejército, grupos armados comunitarios y yihadistas, según ha denunciado la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en medio de un creciente aislamiento internacional de la junta militar y ante el ahondamiento de la crisis humanitaria en el país africano.
En su informe ‘En el centro de Malí, víctimas y verdugos viven juntos’, la FIDH detalla “graves crímenes” cometidos entre junio de 2018 y junio de 2022 en el contexto de un “conflicto contra la población civil”, incluidos ataques, ejecuciones sumarias y violencia sexual, una situación especialmente grave en las provincias de Mopti y Ségou.
El documento, resultado de varias misiones de investigación entre 2021 y 2022 en la zona central de Malí y en la capital, Bamako, incluye declaraciones de cerca de cien testigos y víctimas y recoge el agravamiento de la crisis en esta zona del país africano, afectado desde hace años por un repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas.
La FIDH ha apuntado además a una impunidad generalizada por la comisión de estos crímenes, en los que se han visto implicados grupos de autodefensa, insurgentes, militares y mercenarios del Grupo Wagner, fundado por un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, que ha desplegado fuerzas en Malí durante los últimos meses.
“La impunidad de los responsables de los crímenes aumenta los riesgos para las víctimas en un ambiente marcado por una inseguridad generalizada”, ha alertado la presidenta de la FIDH, Alice Mogwe, que ha agregado que “ninguna nación, ningún pueblo, y mucho menos un pueblo que ha sufrido tanto como el maliense, puede concebir paz y reconciliación sin una justicia sólida y justa, una justicia que realmente luche contra la impunidad”, ha agregado.
El año 2022, que marca el décimo de conflicto en Malí, es hasta ahora el más mortífero de todos, según datos de Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) correspondientes al primer semestre del año, que confirman que la situación es similar en Burkina Faso, lo que “indica que persiste la inestabilidad en el centro del Sahel”.
La FIDH ha apuntado que esta situación “simboliza el estancamiento en el que se encuentra el país” y ha recalcado que “las regiones de Mopti y Ségou han estado marcadas por un alza sin precedentes de los ataques contra civiles, principalmente de casos de violencia sexual vinculada al conflicto”. Estos casos de violencia sexual “son atribuibles a grupos comunitarios de autodefensa, insurgentes yihadistas y también a las Fuerzas Armadas y sus socios internacionales del grupo paramilitar ruso Wagner, incluidos sucesos emblemáticos, como la masacre de Moura, en Mopti, en marzo de 2022”.
POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA
Entre los abusos contra la población civil figuran también desapariciones forzosas, torturas, arrestos ilegales, secuestros, tratos inhumanos, mutilaciones –también post mortem–, reclutamiento de menores, bloqueos de carreteras, cercos y robos con violencia, situaciones que dejan a los civiles como “víctimas de estrategias de predación de actores armados”.
Además, según los datos facilitados en junio por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), durante el primer semestre del año se ha registrado además un aumento del número de violaciones y abusos de los Derechos Humanos respecto al mismo periodo del año anterior.
La FIDH ha incidido en que algunas de estas violaciones de los Derechos Humanos “podrían equivaler a crímenes de guerra”, al tiempo que ha explicado que esta violencia contra la población civil “es la principal característica de un conflicto que tiene lugar a puerta cerrada en el centro del país”.
Así, ha apuntado que estas violaciones “son consecuencia directa del retorno violento del Estado a través de la intensificación de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas y del Grupo Wagner, por una parte, y la competencia entre milicias comunitarias de autodefensa y yihadistas –entre los que destaca el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda–, por otro”.
“La situación, que parece fuera de control, se extiende de forma progresiva hacia el sur y se acerca a Bamako”, ha alertado, antes de especificar que las comunidades peul –un grupo nómada que se dedica al pastoreo y que vive en buena parte de los países del Sahel y que también es conocido como fulani– “son particularmente golpeadas y perseguidas en el marco del conflicto”.
La FIDH ha apuntado que la dispersión de grupos yihadistas hacia zonas rurales del centro del país a raíz de la ofensiva militar maliense de 2013 –con apoyo de la operación francesa ‘Serval’– les permitió aprovechar la “competición violenta” existente en estas áreas a causa de la escasez de recursos y la ausencia de presencia del Estado.
Los grupos yihadistas vieron en la comunidad peul un semillero de posibles reclutas debido a la marginación que sufren y la escasa integración de sus miembros en los diferentes estamentos de las autoridades malienses, lo que ha provocado que otras comunidades los asocien con terroristas y ha derivado en diversas matanzas, también a manos del Ejército.
CRECIENTE AISLAMIENTO INTERNACIONAL
Malí se encuentra en estos momentos encabezado por una junta militar liderada por Assimi Goita, responsable de dos golpes de Estado en agosto de 2020 y mayo de 2021, que han provocado un creciente aislamiento del país en la comunidad internacional por la falta de elecciones y la aparente voluntad del Ejército de aferrarse al poder.
De hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, oficializó recientemente el fin de la operación ‘Barkhane’, mientras que Reino Unido, Alemania y Costa de Marfil anunciaron la retirada de sus tropas de la MINUSMA. Asimismo, que Francia ha suspendido su ayuda al desarrollo, a lo que la junta respondió prohibiendo las actividades de ONG financiadas por París, lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria.
Goita, que ha justificado sus acciones en parte por la ineficacia de la lucha contra el terrorismo, ha perdido a algunos de sus principales apoyos en esta materia, sin que sus estrategias –incluido el lanzamiento en diciembre de 2021 de la operación ‘Kélétigui’ en el centro de Malí– y su aproximación a Rusia hayan derivado en una mejora de la situación de seguridad.
En este sentido, la FIDH ha indicado que “los socios militares europeos han sido reemplazados por mercenarios del Grupo Wagner implicados en graves abusos en otros países”, antes de agregar que “una salida al conflicto está más que nunca condicionada a la voluntad del gobierno de transición maliense a convertir en una prioridad la protección de la población civil y la lucha contra la impunidad”.
“Las dificultades en la lucha contra la impunidad, que existen a nivel de seguridad, jurídico y administrativo, no pueden ser superadas sin voluntad política”, ha dicho la organización, que ha argumentado que “a menuda que la impunidad perdura, la idea de que la violencia es la única forma posible de justicia arraiga en las mentalidades, alimentan el desafío de las poblaciones ante el Estado, la fragmentación comunitaria y el sufrimiento de milicias entre las poblaciones civiles”.
La crisis humanitaria y el conflicto han provocado cerca de 400.000 desplazados internos en el centro y el norte del país, mientras que más de 175.000 malienses se encuentran refugiados en los países vecinos, según datos de Naciones Unidas. Asimismo, más de 1,8 millones de personas afrontan una grave inseguridad alimentaria y dos millones de niños menores de cinco años sufren de malnutrición aguda.
Fuente: Europa Press
